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Una grabación difundida por el programa Panorama muestra al entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, solicitando al titular de Justicia, Eduardo Arana, beneficios penitenciarios para Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”.
Revelación y hechos principales
El escándalo político alcanzó al actual Gabinete de la presidenta Dina Boluarte luego de que un audio difundido el domingo 14 de septiembre por el programa televisivo Panorama revelara coordinaciones entre dos ministros en funciones. En la grabación, el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, pide a su par de Justicia, Eduardo Arana, que intervenga para trasladar a un interno condenado por crimen organizado a un pabellón con mejores condiciones en el penal El Milagro de Trujillo.
El beneficiado sería Miguel Marcelo Salirrosas, conocido como “El Diablo”, expolicía sentenciado por pertenecer a la organización criminal “Los Pulpos”. La conversación, según el reporte, habría ocurrido en la oficina ministerial de Santiváñez, lo que añade indicios de un posible delito de peculado de uso, al emplearse instalaciones y recursos públicos para fines privados.
Antecedentes del caso
Salirrosas fue condenado por el Poder Judicial tras ser identificado como integrante de “Los Pulpos”, red dedicada a actividades de crimen organizado en la región norte del país. Pese a la sentencia, Santiváñez habría continuado ejerciendo labores de asesoría legal en favor del exagente incluso después de haber asumido el cargo ministerial.
Según la investigación periodística, Santiváñez habría recibido 20.000 dólares por la tramitación de un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional para favorecer a su defendido. Asimismo, familiares del interno confirmaron que mantenían plena confianza en él como abogado.
Extractos del audio
En la grabación difundida se escucha a Santiváñez explicar la situación a Arana: “Te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo”. A lo que Arana responde: “Lo veo ahorita, lo veo ahorita”, mostrando disposición a realizar el cambio solicitado.
Este intercambio sugiere que se buscaba una gestión directa en el sistema penitenciario a favor de un condenado, fuera de los canales regulares y en aparente contravención de las normas vigentes.
Reacciones oficiales y posturas
Hasta el cierre de esta nota, ni el Ministerio del Interior ni el Ministerio de Justicia han emitido un pronunciamiento formal sobre el contenido del audio. No obstante, fuentes fiscales confirmaron que el caso podría ser analizado en el marco de investigaciones preliminares por presunto tráfico de influencias y peculado de uso.
El Congreso de la República, por su parte, evalúa si corresponde convocar a ambos ministros para que brinden explicaciones ante las comisiones de Fiscalización y Justicia.
Implicancias políticas y legales
La revelación ocurre en un contexto de creciente cuestionamiento a la gestión gubernamental y podría afectar la estabilidad del Gabinete de Dina Boluarte. Especialistas en derecho penal consultados por medios nacionales señalan que, de corroborarse la veracidad y autenticidad de la grabación, los ministros involucrados podrían enfrentar acusaciones formales por delitos contra la administración pública.
Asimismo, organizaciones civiles han expresado preocupación por la posible normalización de prácticas de influencia indebida en la política penitenciaria, lo que socava la confianza en el sistema de justicia.
Próximos pasos
La Fiscalía de la Nación podría abrir diligencias preliminares para esclarecer las responsabilidades de los ministros en ejercicio. También se espera que la Contraloría General de la República evalúe si hubo uso irregular de recursos estatales en la gestión de Santiváñez.
De confirmarse la intervención indebida en favor de Salirrosas, el caso se sumaría a la lista de episodios que han puesto bajo cuestionamiento la transparencia del Gobierno y la relación entre altos funcionarios y condenados por crimen organizado.
Panorama
El audio difundido por Panorama coloca bajo escrutinio público a dos ministros del actual Gabinete y abre una nueva controversia sobre el manejo de influencias en el Estado. La autenticidad de la grabación y la investigación fiscal determinarán el alcance de las responsabilidades, en un contexto en el que la confianza ciudadana en las instituciones enfrenta un severo desgaste.
