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JUSDEM cuestiona advertencias del ministro sobre la Ley de Amnistía y afirma que vulneran la división de poderes.
La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) rechazó las declaraciones del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien anunció que denunciará a magistrados que inapliquen la reciente Ley de Amnistía. En un pronunciamiento público, el gremio sostuvo que tales advertencias constituyen una injerencia en la función jurisdiccional y atentan contra la independencia judicial y la separación de poderes en el Perú.
Antecedentes y contexto
El Congreso aprobó una Ley de Amnistía dirigida, según el Ejecutivo, a causas abiertas de policías y militares. Tras su publicación, distintos juzgados han ejercido control difuso para no aplicarla en expedientes relacionados con presuntas violaciones graves de derechos humanos. Entre ellos, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó su aplicación en el caso Chumbivilcas, donde se investigan delitos como tortura, abuso de autoridad y violencia sexual.
Declaraciones y posturas de actores relevantes
- JUSDEM: Calificó las expresiones del ministro como un intento de intimidación a la judicatura. Recordó que corresponde a jueces y juezas interpretar y aplicar las leyes conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, sin presiones externas.
- Principios de la ONU: La asociación invocó los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la independencia judicial, que exigen que las decisiones se adopten con imparcialidad y libres de injerencias o represalias.
- Juan José Santiváñez (ministro de Justicia): En una entrevista difundida en YouTube anunció que coordinará con la Procuraduría para iniciar acciones legales contra magistrados que no apliquen la amnistía, al sostener que los jueces deben ceñirse al marco jurídico nacional y a lo aprobado por el Congreso. Defendió la norma indicando que busca resolver procesos pendientes por décadas. También afirmó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede condicionar decisiones judiciales internas.
Cifras, documentos y datos oficiales
- Pronunciamiento de JUSDEM: subraya la validez del control de constitucionalidad y convencionalidad como deber de la judicatura peruana, conforme a estándares del sistema interamericano de derechos humanos.
- Casos judiciales: se reportan decisiones de inaplicación de la ley en procesos por violaciones graves de derechos humanos, incluido el expediente Chumbivilcas.
Implicancias políticas y sociales
El diferendo abre un conflicto institucional entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Un uso punitivo de acciones contra magistrados podría debilitar garantías de independencia y generar cuestionamientos internacionales sobre la protección de derechos humanos. Para las víctimas y sus familiares, la aplicación de la amnistía en casos de graves violaciones podría afectar acceso a la justicia y obligaciones estatales de investigación y sanción.
Próximas acciones y escenarios
- Vía jurisdiccional: Continuarán resoluciones caso por caso sobre la aplicación o no de la amnistía mediante control difuso.
- Ámbito constitucional: Podrían activarse demandas ante el Tribunal Constitucional o acciones de amparo relativas a los alcances de la norma.
- Seguimiento institucional: Organismos como la Defensoría del Pueblo y el sistema interamericano podrían monitorear el impacto de la ley y de eventuales medidas contra jueces.
Panorama
El pronunciamiento de JUSDEM y las advertencias del ministro de Justicia configuran un debate de alta sensibilidad institucional. Mientras los tribunales definen la constitucionalidad y convencionalidad de la amnistía en procesos concretos, permanece en el centro de la discusión la independencia judicial como pilar de la democracia y del Estado de derecho.
