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En el Día del Periodista, comunicadores y organizaciones civiles realizaron un plantón frente al Palacio de Justicia para demandar protección al ejercicio informativo y denunciar agresiones durante la cobertura de protestas.
Periodistas, activistas de derechos humanos y académicos se concentraron el martes 30 de septiembre, en el frontis del Palacio de Justicia de Lima, en una movilización denominada “Nada que celebrar”. El objetivo fue reclamar garantías a la libertad de prensa, visibilizar agresiones atribuidas a la Policía Nacional del Perú (PNP) durante la cobertura de las marchas recientes y exigir avances en las investigaciones por el asesinato de dos comunicadores este año, según la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).
Antecedentes y contexto
La jornada ocurrió en un escenario de movilización social encabezada por colectivos juveniles —denominada mediáticamente como protestas de la “Generación Z”— y reportes de incidentes entre manifestantes y fuerzas policiales en el centro de Lima en las últimas semanas. Coberturas internacionales y locales han consignado enfrentamientos y heridos, así como cuestionamientos a los procedimientos policiales.
El mismo 30 de septiembre, la Presidencia informó el reconocimiento del general Óscar Manuel Arriola Delgado como nuevo comandante general de la PNP, en una ceremonia oficial en Lima. El cambio en la cúpula policial constituye un elemento adicional del contexto institucional en el que se desarrollan las demandas del gremio periodístico.
Declaraciones y posturas
Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, sostuvo que no existen avances en las investigaciones por el asesinato de los periodistas Gastón Medina y Raúl Celis en 2025 y expresó rechazo a la “criminalización de la labor periodística”, en alusión a denuncias recientes contra reporteros de televisión. Lainez también cuestionó declaraciones de autoridades locales que, a juicio del gremio, estigmatizan a la prensa.
Durante el plantón se registraron testimonios de reporteros y reporteros gráficos sobre presuntos excesos policiales en coberturas de las marchas. La ANP y participantes del acto público atribuyeron parte de las agresiones a efectivos de la PNP y demandaron protocolos claros de respeto a la labor informativa en terreno.
Cifras, documentos y datos oficiales
- Agresiones en cobertura de protestas: la ANP reportó 29 casos recientes vinculados a intervenciones policiales en el marco de las movilizaciones, cifra citada durante el plantón.
- Relevo en la PNP: la Presidencia comunicó el reconocimiento del general Óscar Arriola como comandante general, acto desarrollado el 30 de septiembre en Lima.
Implicancias
Las denuncias del gremio periodístico plantean dos ejes de preocupación pública: (1) la seguridad de periodistas durante coberturas de orden público y (2) la persecución efectiva de delitos contra comunicadores, incluida la resolución de homicidios. En términos institucionales, el relevo en la comandancia general de la PNP abre la expectativa de eventuales ajustes en protocolos de intervención y resguardo a la prensa en escenarios de protesta.
Próximas acciones y escenarios posibles
Organizaciones gremiales anunciaron que mantendrán acciones de vigilancia y acompañamiento a procesos fiscales por agresiones a periodistas, al tiempo que prevén solicitar reuniones con la nueva comandancia de la PNP para revisar lineamientos operativos en coberturas de riesgo. En el plano judicial y regulatorio, especialistas recuerdan que otros frentes de conflictividad institucional —como litigios municipales de alto impacto— continúan en sede nacional e internacional, lo que mantiene elevada la sensibilidad pública respecto de transparencia y acceso a la información.
Panorama
El plantón “Nada que celebrar” cerró una jornada con demandas puntuales: garantías para cubrir protesta social sin hostigamiento, avances en investigaciones por homicidios de periodistas y cese de prácticas de criminalización. Con una nueva jefatura en la PNP y con la agenda pública marcada por movilizaciones, el seguimiento a protocolos de actuación policial y al esclarecimiento de casos será determinante para restablecer confianza entre autoridades, prensa y ciudadanía.
