Carrión denuncia injerencia; Palacios cuestiona poder de Santiváñez tras renuncia

La exprocuradora vincula su cese a Renovación Popular; la periodista perfila el peso político del exministro y su salto electoral.

¿Quién? Silvana Carrión y Rosa María Palacios. ¿Qué? Denuncias y análisis sobre la Procuraduría y el Ministerio de Justicia. ¿Cuándo? Tras la renuncia de Juan José Santiváñez (1 de octubre). ¿Dónde? Lima. ¿Por qué? Por presunta injerencia política y reacomodos en el sector Justicia. ¿Cómo? Mediante una entrevista televisiva (Carrión) y el programa Sin guion (Palacios), con respuesta institucional de la PGE.

Antecedentes y contexto

La Procuraduría General del Estado (PGE) removió a Silvana Carrión del cargo de procuradora ad hoc del caso Lava Jato, aludiendo “pérdida de confianza”. En paralelo, Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia el 1 de octubre, un día antes de que el Congreso debatiera una moción de censura; anunció además su intención de postular al Senado en 2026. Ese mismo día juró Juan Manuel Cavero Solano como nuevo ministro de Justicia.

Declaraciones y posturas de actores relevantes

• Silvana Carrión. Sostiene que su remoción respondió a intereses políticos vinculados a Renovación Popular. Afirma que Juan Manuel Cavero, entonces jefe de Gabinete de Santiváñez y luego integrante del consejo directivo competente, participó en la decisión que avaló su salida. Denunció, asimismo, hostigamiento mediante mensajes del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
• Renovación Popular / Rafael López Aliaga. Rechazan injerencia y señalan que actuaron dentro de sus atribuciones políticas y administrativas.
• Procuraduría General del Estado. Atribuye el cese de Carrión exclusivamente a “pérdida de confianza” y garantiza continuidad de los procesos.
• Rosa María Palacios. Calificó a Santiváñez como “el hombre más poderoso del régimen” y argumentó que su renuncia evitó el costo político de una eventual censura. Cuestionó que anuncie candidatura con baja aprobación, y recordó cuestionamientos previos a su gestión.
• Ministerio de Justicia. Sin precisiones adicionales, al cierre de esta nota, sobre la cronología interna que derivó en la remoción de Carrión.

Cifras, documentos y datos oficiales

• Resultados invocados por Carrión. Asegura que durante su gestión se lograron reparaciones civiles y embargos por S/ 2.800 millones en casos de corrupción asociados a Lava Jato.
• Fundamento formal del cese. La PGE comunicó “pérdida de confianza” como causal administrativa.
• Duración del cargo de Santiváñez. Aproximadamente 40 días como ministro de Justicia.
• Aprobación y procesos (según el análisis citado). Palacios aludió a una aprobación de 5% y a 12 investigaciones fiscales contra Santiváñez; tales menciones corresponden a su exposición periodística y deberán contrastarse con registros oficiales.

Implicancias políticas, sociales y/o económicas

1. Autonomía de la defensa del Estado. De confirmarse injerencia partidaria en decisiones de la PGE, se resentiría la percepción de independencia en procesos emblemáticos de corrupción, con potencial impacto en cooperación judicial, embargos y recuperación de activos.
2. Gobernanza del sector Justicia. La transición a cargo de Juan Manuel Cavero obliga a asegurar continuidad técnica en estrategias contenciosas del Estado, evitando dilaciones o cambios no sustentados.
3. Clima político y electoral. El eventual ingreso de Santiváñez a la competencia de 2026 reconfigura alianzas y tensiones entre bancadas y el Ejecutivo, con probable efecto en el control político del Congreso.
4. Relación con gobiernos locales. Los señalamientos contra el alcalde de Lima, negados por su entorno, añaden un foco de polarización que podría derivar en pedidos de investigación o en acciones de control.

Próximas acciones, escenarios o consecuencias posibles

• Transparencia documental. Publicación de resoluciones, actas del consejo directivo y sustento técnico de la remoción para delimitar responsabilidades y descartar conflictos de interés.
• Control político y contencioso administrativo. Eventual citación de autoridades a comisiones parlamentarias y posibles impugnaciones si Carrión recurre su cese ante la vía administrativa o judicial.
• Seguimiento a Lava Jato. Informes periódicos de la PGE sobre avances, embargos y cobros efectivos, para sostener la trazabilidad de resultados y la confianza pública.
• Definiciones electorales. Oficialización de candidaturas, alianzas y listas, con impacto en la correlación de fuerzas respecto de reformas institucionales y la política anticorrupción.

Panorama

Las denuncias de Silvana Carrión y el análisis de Rosa María Palacios reabren el debate sobre autonomía institucional y liderazgo político en el sector Justicia. Mientras la PGE y Renovación Popular niegan injerencias y apelan a causales administrativas, la publicación de documentos y el monitoreo de los casos Lava Jato serán determinantes para evaluar el alcance de las imputaciones y sus efectos en la defensa jurídica del Estado de cara al ciclo electoral de 2026.