Víctimas de DD. HH. cuestionan idoneidad del defensor del Pueblo

Familiares enviaron carta a la FIO y afirman que Josué Gutiérrez respalda leyes de amnistía y prescripción.

Familiares de desaparecidos, torturados y asesinados durante el conflicto armado interno remitieron una carta a Raquel Caballero de Guevara, presidenta de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson (FIO), para alertar sobre la idoneidad del defensor del Pueblo del Perú, Josué Gutiérrez. El envío ocurre en la antesala del XXIX Congreso y XXX Asamblea de la FIO (6 al 11, Cusco y Lima). Según el documento, Gutiérrez respalda normas que, a juicio de los firmantes, generan impunidad y, de forma paralela, trascendió que buscaría postular a la presidencia de la FIO.

Antecedentes y contexto

Los familiares señalan que Gutiérrez fue elegido por un Congreso con bajos niveles de aprobación, entre postulantes propuestos por partidos políticos y “en medio de cuestionamientos y falta de transparencia”. Aducen que ese origen comprometería la independencia de la Defensoría del Pueblo frente a intereses partidarios y su mandato de protección de derechos fundamentales.

El pronunciamiento coincide con la realización en el Perú del principal cónclave de la FIO, cuya inauguración será en Cusco y el cierre en Lima, con elección de nuevas autoridades.

Declaraciones y posturas de actores relevantes

• Familiares de víctimas. Sostienen que la Defensoría, bajo la gestión de Gutiérrez, ha mostrado una postura favorable a iniciativas legislativas sobre amnistía y prescripción para hechos ocurridos entre 1980 y 2000. Afirman que esa posición “afecta el derecho a la justicia” de víctimas y deudos.
• Defensoría del Pueblo (área adjunta). Recuerdan que el adjunto para Derechos Humanos, Carlos Fernández Millán, saludó en abril la discusión de una ley de amnistía en el Congreso, argumentando la necesidad de “resolver” la situación. Los familiares señalan que en esas declaraciones no se mencionaron los derechos de las víctimas.
• Acción ante el Tribunal Constitucional. Los familiares indican que, tras decisiones judiciales que inaplicaron la norma mediante control difuso, el defensor presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el TC. A su juicio, ello podría acarrear el riesgo de que la ley sea declarada constitucional y obligue su aplicación. Aseguran haber solicitado por escrito el retiro del recurso “sin respuesta hasta la fecha”.
• Aspiración en la FIO. De acuerdo con trascendidos referidos por los familiares, Gutiérrez estaría realizando gestiones para presidir la FIO durante la asamblea en el Perú.

(Al cierre de este artículo, no se consigna en la carta una respuesta oficial de la Defensoría del Pueblo a los cuestionamientos de los familiares.)

Cifras, documentos y datos oficiales

• Objeto de la controversia: proyectos de amnistía y prescripción vinculados a violaciones de derechos humanos en el periodo 1980–2000.
• Herramientas jurídicas involucradas: control difuso por parte de juzgados y una acción de inconstitucionalidad interpuesta ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la validez de la norma.

Implicancias políticas, sociales y económicas

• Estado de derecho y justicia transicional. Un eventual aval constitucional a una ley de amnistía o de prescripción tendría impactos directos en investigaciones y procesos por graves violaciones de derechos humanos, con efectos en el acceso a la justicia y la reparación.
• Autonomía institucional. Las acusaciones sobre falta de independencia podrían afectar la credibilidad de la Defensoría del Pueblo en la supervisión de la administración pública y la defensa de derechos.
• Proyección internacional. La discusión se produce frente a ombudsperson de la región, lo que podría incidir en la imagen del país y en la elección de autoridades de la FIO.

Próximas acciones, escenarios o consecuencias posibles

1. Decisión del Tribunal Constitucional sobre la acción presentada: confirmación o rechazo de la validez de la norma cuestionada.
2. Resultado de la elección en la FIO, con posible impacto en la proyección internacional de la Defensoría peruana.
3. Respuestas institucionales: eventual pronunciamiento de la Defensoría y del Congreso frente a los pedidos de los familiares.
4. Seguimiento de casos: efectos prácticos en procesos judiciales por violaciones a DD. HH. del periodo 1980–2000.

Panorama

Los familiares piden a la FIO considerar sus observaciones sobre la idoneidad y autonomía del defensor del Pueblo del Perú en vísperas de la asamblea en Cusco y Lima. El desenlace dependerá de la definición del TC respecto a la norma impugnada y de las decisiones que adopte la FIO sobre su dirigencia, en un contexto de escrutinio nacional e internacional sobre el rol de la Defensoría del Pueblo.