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Según la tesis fiscal, el hermano de César Acuña habría recibido S/77.000 de la empresa de Nilo Burga a cambio de influencias en autorizaciones sanitarias para la planta de conservas de Chepén y su continuidad en Qali Warma.
Óscar Acuña Peralta, hermano del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, es investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de tráfico de influencias y, en el marco de una pesquisa más amplia, por organización criminal. De acuerdo con la carpeta fiscal, la empresa Frigoinca, representada por Nilo Lino Francisco Burga Malca, habría canalizado pagos por S/77.000 a favor de Acuña, bajo la apariencia de “préstamos” no devueltos, a cambio de gestiones para asegurar permisos sanitarios y la continuidad de la planta de conservas cárnicas de Chepén en el programa Qali Warma. La Fiscalía sostiene que el investigado habría aprovechado su cercanía política y familiar con el entonces gobernador regional de La Libertad, César Acuña, para influir en el exgerente regional de Salud, Aníbal Morillo Arqueros.
Antecedentes: licencias en riesgo y búsqueda de “protección”
Según la tesis fiscal, los hechos se remontan aproximadamente a septiembre de 2022, cuando Nilo Burga, considerado presunto líder de una organización criminal vinculada al caso, atravesaba un escenario crítico: la licencia de funcionamiento de la planta de producción de Frigoinca en Chepén, La Libertad, estaba próxima a vencer.
La preocupación de Burga se habría intensificado por la actuación de una inspectora de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) —identificada en la carpeta como “Roelia”— que, según la Fiscalía, podía disponer el cierre de la planta. El expediente consigna que, en 2020, Frigoinca había sido objeto de una denuncia presentada por la Sociedad Nacional de Industrias ante Indecopi, lo que aumentaba el riesgo de sanciones.
“Es por ello que Nilo Burga Malca busca conexiones, contactos y protección para evitar el cierre de su planta”, sostiene el Ministerio Público en su narrativa de hechos.
En ese contexto, siempre según la investigación fiscal, Burga habría recurrido a uno de los hoy coimputados, Milton Broca Alcántara, a quien le comentó sus problemas con la Geresa de La Libertad y le preguntó si podía ayudarlo. Broca le habría respondido que tenía un “contacto” en Trujillo: ese contacto sería, según la Fiscalía, Óscar Acuña Peralta.
El nexo con Óscar Acuña y Aníbal Morillo, según la carpeta fiscal
La carpeta del fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta indica que, al día siguiente de esa conversación, aproximadamente a las 11 de la mañana, Nilo Burga se dirigió al local de Alianza para el Progreso (APP) en busca de Óscar Acuña.
En esa reunión, de acuerdo con la versión recogida por la Fiscalía, Acuña habría señalado que tenía “un amigo” en el sector Salud y, en presencia de Burga, llamó a Aníbal Morillo Arqueros, quien luego sería designado gerente regional de Salud de La Libertad.
Ese mismo día, los tres se habrían reunido en una cevichería. Durante el encuentro, Morillo habría ofrecido su apoyo, indicando que propondrían a una persona “imparcial” para la inspección sanitaria de la planta y que, si la inspección se superaba, la planta seguiría operando.
Tras esa conversación, según el Ministerio Público, Burga le propuso a Morillo entregarle S/50.000 cada seis meses “a fin de que no le cierren su planta” en Chepén. Morillo habría respondido que los pagos se hicieran en efectivo, no mediante depósitos en su cuenta bancaria.
Para la Fiscalía, la relevancia política de este entramado radica en que tanto Aníbal Morillo como Óscar Acuña son militantes de APP. Morillo fue designado como funcionario de confianza y asumió el cargo de gerente regional de Salud el 1 de enero de 2023, cuando César Acuña iniciaba su gestión como gobernador regional de La Libertad.
Los pagos presuntamente disfrazados como “préstamos”
En este escenario, la tesis fiscal sostiene que Óscar Acuña habría aprovechado el “más alto cargo” de su hermano César en el Gobierno Regional de La Libertad y su militancia partidaria para ejercer “influencias reales” sobre Morillo Arqueros. Tras presentarlo a Nilo Burga, habría obtenido ventajas económicas canalizadas desde las empresas vinculadas a Burga.
Según la carpeta, la colaboradora eficaz 5-1-2025 proporcionó detalles de los pagos dirigidos a Óscar Acuña. El monto total ascendería a S/77.000, con abonos individuales que van desde S/5.000 hasta S/30.000.
La Fiscalía presume que estos pagos fueron registrados y presentados como “préstamos”, pese a que no habrían sido devueltos, por lo que los considera una modalidad para encubrir presuntos sobornos. Documentación incorporada al expediente, calificada por el Ministerio Público como “prueba fiscal de supuestos sobornos”, busca sustentar esta hipótesis a través de registros contables y bancarios.
“La protección y ayuda buscada por Nilo Lino Francisco Burga Malca habría tenido un efecto positivo, pues, pese a que su planta de producción de conservas cárnicas ubicada en el distrito de Pacanga, provincia de Chepén, departamento de La Libertad, no cumplía con mantener las condiciones en las cuales fue otorgada su validación HACCP, esta siguió operando con normalidad”, se afirma en el documento fiscal.
Riesgo sanitario y programa Qali Warma
Uno de los aspectos centrales de la investigación es la vinculación de la planta de Frigoinca con el programa Qali Warma, que abastece alimentos a niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza y pobreza extrema en edad escolar.
El Ministerio Público sostiene que las presuntas intermediaciones habrían tenido incidencia en decisiones públicas de carácter sanitario relacionadas con la validación del plan HACCP y la revalidación de licencias de funcionamiento.
De acuerdo con la tesis fiscal, estas decisiones involucrarían “riesgo de la calidad o inocuidad de las conservas cárnicas” destinadas a la alimentación escolar, lo que —señala el expediente— podría afectar a una población considerada “de especial vulnerabilidad”. En ese sentido, la Fiscalía plantea que los menores beneficiarios del programa podrían constituirse posteriormente en “víctimas” si se comprobara un deterioro en los estándares de seguridad alimentaria.
En esta etapa procesal no se ha determinado responsabilidad penal firme, y la investigación se encuentra en curso. Corresponderá a las instancias judiciales valorar si las actuaciones descritas configuran delitos y si tuvieron impacto real en la calidad de los productos distribuidos.
Allanamientos, pedidos de detención y levantamiento de comunicaciones
El avance de la investigación motivó que el Ministerio Público dispusiera un megaoperativo en regiones clave. Se allanaron la vivienda de Óscar Acuña y las de otros cuatro investigados en La Libertad, Áncash y Lima, con el objetivo de incautar documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés probatorio.
Asimismo, la Fiscalía solicitó la detención preliminar de Óscar Acuña por un plazo de siete días. Sin embargo, al momento del operativo, el investigado no fue ubicado y figura como no habido en los partes policiales remitidos al despacho fiscal.
Como parte de las diligencias, se pidió también el levantamiento de las comunicaciones y telecomunicaciones de los investigados, con la finalidad de intervenir, monitorear o grabar la información y data digital de los equipos incautados.
El uso de estas medidas especiales de investigación responde a la naturaleza del caso, que involucra presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y organización criminal, y requiere reconstruir cadenas de comunicación entre funcionarios, empresarios y operadores políticos, según el razonamiento fiscal.
La declaración de Óscar Acuña y el rol del local de APP
Uno de los elementos que la Fiscalía considera relevantes es el propio testimonio de Óscar Acuña. En el acta fiscal de 136 páginas se recoge el Oficio 5098-2025-DIRNIC-DIRCOCOR-PNP/DIVIDCVCO-DEPEIDCVCOT, de fecha 30 de octubre de 2025, que contiene la transcripción de la entrevista realizada a Acuña y a Aníbal Morillo.
En esa diligencia, de acuerdo con la transcripción citada en la carpeta, Óscar Acuña confirmó la reunión con Nilo Burga y Milton Broca en las instalaciones del local de Alianza para el Progreso.
Para el Ministerio Público, este reconocimiento contribuye a acreditar el vínculo entre el empresario y el dirigente político, así como la existencia de un espacio de coordinación que, según la tesis fiscal, habría derivado en gestiones ante la Gerencia Regional de Salud y en beneficios económicos presuntamente irregulares.
La defensa de los investigados, no obstante, podrá cuestionar la interpretación de estos hechos y alegar que las reuniones respondieron a gestiones legítimas o a vínculos políticos habituales, en el marco del proceso penal.
Implicancias políticas e institucionales
El caso tiene implicancias que trascienden el ámbito penal. Por un lado, involucra a un dirigente de APP con estrechos lazos familiares con el gobernador regional de La Libertad, lo que introduce un componente de responsabilidad política sobre el uso de influencias en la esfera regional.
Por otro, alcanza a un exgerente regional de Salud que, según la investigación, habría tenido un papel clave en las autorizaciones sanitarias de una planta proveedora de un programa nacional como Qali Warma. La actuación de este tipo de funcionarios es determinante para garantizar estándares de calidad e inocuidad en la alimentación escolar.
Desde el punto de vista institucional, la investigación abre interrogantes sobre los mecanismos de control interno en las gerencias regionales, la supervisión de plantas proveedoras de programas sociales y la capacidad del Estado para prevenir que decisiones técnicas se vean condicionadas por presiones políticas o económicas.
Próximos pasos e interrogantes abiertos
En esta etapa del proceso, la investigación fiscal se encuentra en desarrollo y sujeta a la obtención y análisis de nueva evidencia documental, financiera y digital. De acuerdo con los procedimientos habituales, la información recabada en allanamientos y levantamientos de comunicaciones será evaluada para determinar si refuerza o debilita la hipótesis de la Fiscalía.
Entre los próximos pasos previsibles se encuentran:
- La evaluación de los elementos incautados en el megaoperativo y la información derivada del monitoreo de comunicaciones.
- La toma de nuevas declaraciones a investigados, testigos y colaboradores eficaces.
- La eventual presentación de requerimientos de medidas coercitivas adicionales, si el Ministerio Público considera que existen riesgos procesales.
- La decisión sobre si corresponde formalizar investigación preparatoria con cargos específicos o archivar uno o más extremos del caso, según la evidencia disponible.
Panorama
Al cierre de esta nota, Óscar Acuña enfrenta una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias y organización criminal, centrada en pagos por S/77.000 que, según la tesis del Ministerio Público, habrían salido de la empresa de Nilo Burga bajo la apariencia de préstamos para asegurar permisos sanitarios y la continuidad de la planta de Frigoinca en Chepén como proveedora de Qali Warma. La confirmación de reuniones en el local de APP, los allanamientos, el pedido de detención preliminar y el levantamiento de comunicaciones forman parte de un caso en construcción, cuyo desenlace dependerá del avance de las diligencias, de la valoración judicial de la prueba y del ejercicio del derecho de defensa de los involucrados.
