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Abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones califican de “provocación” el nombramiento del general, el primero en el cargo desde el retorno de la democracia en Argentina.
El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este lunes 25 de noviembre la designación del teniente general Carlos Alberto Presti, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, como nuevo ministro de Defensa. Se trata del primer militar en ocupar la cartera desde el retorno democrático en 1983. La decisión, que contempla que Presti continúe como oficial activo, generó respaldos y cuestionamientos en diversos sectores políticos, sociales y de derechos humanos.
Antecedentes y contexto histórico
Desde el retorno de la democracia en 1983, Argentina mantuvo la tradición de nombrar civiles al frente del Ministerio de Defensa como parte del proceso de institucionalización posterior a la última dictadura militar (1976–1983), periodo marcado por graves violaciones a los derechos humanos, secuestros, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
De acuerdo con organismos especializados, cerca de 30.000 personas fueron desaparecidas y unos 500 bebés fueron apropiados al nacer durante el régimen militar. Desde entonces, gobiernos de distintos signos políticos sostuvieron el principio de conducción civil de las Fuerzas Armadas.
La designación de un militar activo al frente de la cartera rompe una tradición de cuatro décadas y se inscribe en un escenario político en el que Milei había adelantado su intención de otorgar mayor protagonismo institucional a las Fuerzas Armadas.
El nombramiento de Carlos Alberto Presti
En un comunicado oficial, la Oficina del Presidente (OPRA) informó que Presti dejará su cargo como comandante del Ejército para asumir el Ministerio de Defensa. El texto destaca su “intachable carrera” y afirma que la designación “da por finalizada la demonización de oficiales, suboficiales y soldados”, indicando una intención del Gobierno de reposicionar el rol militar dentro de la estructura del Estado.
Presti, nacido en Buenos Aires en 1966, egresó del Colegio Militar en 1987 y ocupó posiciones de alto rango, entre ellas la comandancia de la IV Brigada Aerotransportada y la dirección del Colegio Militar. También participó en misiones de paz en Haití y, desde 2017, se desempeñó como agregado militar en Centroamérica.
Su llegada a la jefatura del Ejército en 2024 implicó la salida de 22 generales, lo que evidenció su alineamiento con el entonces nuevo Gobierno.
Críticas de organismos de derechos humanos
El nombramiento provocó reacciones inmediatas de entidades vinculadas a la memoria y reparación de víctimas del terrorismo de Estado.
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, calificó la designación como una “provocación” y cuestionó que un militar activo asuma un cargo históricamente reservado a civiles. “No corresponde. Cada uno debería estar en lo suyo. No está preparado para eso y tampoco lo sabe hacer”, afirmó.
Organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo señalaron que la decisión remueve un consenso básico del período democrático: evitar el involucramiento de militares en decisiones políticas de alto nivel.
A ello se suma la controversia por el historial familiar de Presti: su padre, Roque Carlos Presti, fue señalado judicialmente por presuntos crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, cuando comandó el Regimiento de Infantería 7 en La Plata.
Respaldo de sectores militares y voces afines al Gobierno
Entre los apoyos destacan figuras militares retiradas y analistas afines al oficialismo.
El general retirado César Milani, exjefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que no encuentra inconvenientes en que un militar asuma la cartera. “Un militar formado es totalmente coherente para ese cargo”, declaró.
En la misma línea, analistas como Bryan J. Mayer, citado por el diario Clarín, consideraron que la decisión “devuelve a los militares una oportunidad” y señalaron que, en un contexto internacional complejo, la exclusión castrense del ámbito político “carece de sentido”.
El ministro de Defensa saliente, Luis Petri, defendió a su sucesor destacando su “capacidad, compromiso y lealtad a la Patria”.
Implicancias institucionales y debate político
El punto más debatido del nombramiento radica en la decisión de Presti de continuar como militar activo, lo que para varios expertos altera la separación entre conducción civil y estructura militar.
Agustín Rossi, exministro de Defensa (2019–2021), advirtió que la medida “involucra a las Fuerzas Armadas en el destino del gobierno”, cuando deberían mantenerse ajenas a la política partidaria.
El debate se amplifica en un país que registra seis golpes militares desde 1930 y donde la doctrina democrática posterior a 1983 buscó limitar la influencia castrense en la conducción política.
Próximos pasos y escenarios posibles
La asunción de Presti abrirá una nueva etapa en la relación entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas. Entre los desafíos inmediatos figuran:
- definir el marco operativo para un ministro que permanece en condición militar activa,
- evaluar el impacto del cambio en la estabilidad civil-militar,
- analizar el reacomodo interno en el Ejército tras la salida de Presti de su jefatura,
- y observar la respuesta de organizaciones de derechos humanos en un año marcado por conmemoraciones del golpe de 1976.
También será relevante el posicionamiento del Congreso, donde sectores opositores han solicitado explicaciones sobre el alcance institucional de la medida.
Panorama
La designación del general Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa marca un giro significativo en la política de conducción civil de las Fuerzas Armadas vigente desde 1983. Mientras el Gobierno sostiene que se trata de un reconocimiento al profesionalismo militar, organismos de derechos humanos advierten sobre los riesgos institucionales de la decisión. El debate permanece abierto a la espera de la toma de posesión del nuevo ministro y de las reacciones políticas y sociales que surjan en los próximos días.
