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La nueva encuesta nacional expone un quiebre histórico en la legitimidad estatal y confirma que nueve de cada diez peruanos sienten el impacto directo de la corrupción en su vida diaria.
La encuesta nacional de Proética 2025 registró un impacto histórico: el 85% de peruanos identifica al Congreso como la institución más corrupta del país, seguida por el Ministerio Público y la Policía Nacional. El estudio confirma un deterioro acelerado de la confianza ciudadana en plena antesala de las elecciones generales de 2026.
Un país que perdió la confianza: Congreso lidera el rechazo
Proética señala que la percepción de corrupción en el Congreso creció 25 puntos desde 2022, ubicándolo en un nivel crítico. Ninguna otra entidad del Estado concentra un rechazo tan extendido.
El Parlamento aparece asociado a:
- decisiones controvertidas,
- uso discrecional del poder,
- y ausencia de resultados en materia de control político.
La desconfianza atraviesa todas las regiones y niveles socioeconómicos.
Instituciones clave también bajo sospecha: Fiscalía y PNP
La encuesta ubica al Ministerio Público y la PNP entre las instituciones peor evaluadas.
El informe revela una contradicción profunda:
las entidades que deberían encabezar la lucha anticorrupción son percibidas como parte del problema.
Los ciudadanos cuestionan:
- falta de sanciones efectivas,
- redes internas de corrupción,
- y poca capacidad para frenar actividades ilícitas.
La confianza en la capacidad del Estado para corregir el rumbo se encuentra en mínimos históricos.
La corrupción golpea la vida diaria: 87% siente afectación directa
El 87% de encuestados afirma que la corrupción afecta su vida cotidiana, especialmente en:
- servicios de salud y educación,
- infraestructura pública,
- y economía familiar.
La sensación de perjuicio es más intensa entre mujeres, adultos mayores y habitantes del norte y Lima Metropolitana.
Proética también revela una brecha cultural persistente: mientras la mayoría considera que “los peruanos son corruptos”, casi todos se definen a sí mismos como honestos, dificultando reconocer prácticas cotidianas que perpetúan el sistema.
Coimas normalizadas: 31% reconoce haber pagado o conocer un caso
El soborno sigue siendo una práctica extendida.
El 31% admite haber pagado o conocer a alguien que pagó una coima en el último año, especialmente en:
- trámites del Estado,
- detenciones o multas,
- hospitales públicos.
La lógica predominante —“si no pagas, no avanza”— se ha convertido en una regla informal del funcionamiento estatal.
La mayoría no denuncia por miedo, desconfianza o desconocimiento, lo que alimenta la impunidad.
Corrupción sexual: abusos en instituciones educativas y policiales
El 13% de encuestados señala haber sido víctima o conocer a alguien que recibió pedidos de favores sexuales vinculados al ejercicio de autoridad.
Los principales focos:
- instituciones educativas,
- dependencias de la PNP.
Las víctimas más frecuentes son mujeres y jóvenes.
El temor a represalias crea un círculo de silencio que protege a los agresores y limita la posibilidad de sanción.
Economías ilegales dominan el mapa del delito
El 94% de los ciudadanos vincula la corrupción al avance de:
- minería ilegal,
- tala indiscriminada,
- narcotráfico.
El estudio indica que estas actividades prosperan por la debilidad del control estatal y la falta de alternativas económicas en zonas vulnerables.
Más del 90% considera insuficientes las acciones del Estado frente a la deforestación o la minería ilegal, pese a su impacto social y ambiental.
También se reporta preocupación por la violencia contra líderes ambientales e indígenas, con un apoyo mayoritario a mecanismos de protección.
Rumbo al 2026: honestidad es el atributo decisivo
Con el sistema político en crisis, la honestidad se perfila como la cualidad más valorada por los votantes rumbo a las elecciones de 2026, por encima de la experiencia o la capacidad técnica.
Otros hallazgos:
- 7 de cada 10 creen que los partidos ocultan información financiera.
- Existe exigencia de expulsar a candidatos implicados en actos de corrupción.
- La ciudadanía demanda filtros más estrictos y mayor transparencia en campañas.
Panorama
La encuesta Proética 2025 describe un país sumido en una crisis estructural de legitimidad: Congreso, fiscalía y policía son percibidos como pilares debilitados por la corrupción. A meses de las elecciones generales, la ciudadanía exige integridad, sanción efectiva y un cambio profundo en la forma de ejercer el poder.
