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Una autodenuncia promovida por Julio Chávez terminó en la anulación del proceso interno y el bloqueo de candidaturas rumbo a 2026.
La crisis que hoy atraviesa Acción Popular y el bloqueo de sus opciones electorales rumbo a las Elecciones Generales 2026 no se originaron en una impugnación externa, sino en una autodenuncia promovida desde la presidencia del partido, bajo la conducción directa de Julio Chávez, que activó la intervención del Jurado Nacional de Elecciones y culminó en la anulación de las elecciones primarias.
Una denuncia interna que abrió la puerta a la sanción
Durante su gestión, la presidencia de Acción Popular decidió trasladar al JNE las irregularidades detectadas en la elección interna de delegados, formalizando así un cuestionamiento que colocó al partido bajo fiscalización directa del sistema electoral.
Este paso —adoptado por la máxima autoridad partidaria— habilitó jurídicamente al JNE para revisar el proceso, que terminó siendo invalidado por vulnerar los principios de legalidad y transparencia. No fue una acción de terceros ni de adversarios políticos, sino una iniciativa interna que desencadenó la sanción electoral más grave para el partido en el actual ciclo electoral.
De la autodenuncia al bloqueo político
La anulación de las primarias dejó a Acción Popular sin proceso interno válido y, como consecuencia directa, el plenario resolvió negar autorizaciones a militantes que buscaban postular por otras organizaciones, incluidos ocho congresistas en funciones.
El cierre del plazo electoral del 23 de diciembre convirtió esa decisión en un punto de no retorno para María del Carmen Alva, Carlos Alva Rojas, Luis Aragón, Silvia Monteza, Juan Carlos Mori, Hilda Portero, Wilson Soto y Elvis Vergara, quienes quedaron sin vía legal para competir en el retorno al Congreso bicameral.
De acuerdo con la legislación vigente, sin permiso partidario no existe candidatura posible. Así, una autodenuncia impulsada desde la presidencia terminó restringiendo los derechos políticos de los propios militantes del partido.
Responsabilidad política y control institucional fallido
Aunque Chávez ha señalado a Cinthia Pajuelo, ex titular del comité electoral, como responsable material de las irregularidades, el proceso se desarrolló bajo la supervisión directa de la dirigencia nacional, cuya obligación era corregir internamente las fallas antes de activar un conflicto ante el órgano electoral.
La secuencia es clara:
decisión presidencial → intervención del JNE → anulación de primarias → bloqueo de candidaturas.
El resultado fue un partido sancionado, sin margen de maniobra electoral y con su representación parlamentaria comprometida, producto de una estrategia que trasladó el problema al árbitro electoral en lugar de resolverlo orgánicamente.
Fractura interna y desgaste institucional
Las consecuencias políticas no tardaron en reflejarse. Las críticas públicas del excongresista Víctor García Belaunde evidenciaron un quiebre interno que se profundizó tras la anulación de las primarias, dejando al descubierto una conducción partidaria incapaz de contener el conflicto sin exponer al partido a una sanción externa.
Implicancias
El caso de Acción Popular establece un precedente interno relevante: cuando la máxima autoridad partidaria activa al órgano electoral sin una estrategia de contención, el costo lo asume toda la organización.
Para los congresistas afectados, el escenario es excluyente. Para el partido, la consecuencia es más profunda: llega al 2026 debilitado, sin primarias válidas y con una crisis generada desde su propia presidencia.
Panorama
A días del cierre del calendario electoral, Acción Popular enfrenta una de las crisis más severas de su historia reciente, originada por una autodenuncia promovida desde la presidencia de Julio Chávez, que terminó trasladando al JNE un conflicto interno y condicionando de forma estructural el futuro inmediato del partido en las Elecciones Generales 2026.
