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La Policía Nacional advierte que la minería ilegal sextuplica al narcotráfico, captura territorios y dispara el sicariato y la extorsión.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, lanzó una alerta directa: la minería ilegal de oro se ha convertido en el negocio criminal más rentable del país, con ingresos que superan ampliamente a los del tráfico de cocaína. La afirmación, sustentada en investigaciones policiales y expuesta en medios de comunicación, revela un fenómeno que no solo enriquece a organizaciones criminales, sino que intensifica la violencia armada, la degradación ambiental y la pérdida de control del Estado en amplias zonas del territorio nacional.
Un cambio de eje en el crimen organizado
Durante años, el narcotráfico fue considerado el principal motor financiero del crimen en el Perú. Hoy, ese eje se ha desplazado. Según la PNP, la extracción ilegal de oro ofrece mayores márgenes, menor riesgo penal efectivo y una comercialización más sencilla, factores que explican su crecimiento acelerado. El resultado es una economía ilícita que financia armas, sicarios y redes de extorsión, con presencia sostenida en la Amazonía, la sierra norte y corredores estratégicos del país.
Violencia por control territorial
Arriola fue enfático: donde hay minería ilegal, hay violencia. El control de yacimientos y campamentos se disputa con asesinatos selectivos, amenazas sistemáticas y cobros extorsivos a pobladores y pequeños comerciantes. “El sicariato y la extorsión están directamente vinculados a la toma de territorios mineros”, señaló el general, al describir un patrón que se repite en regiones como Pataz y Madre de Dios.
El costo ambiental y sanitario
Más allá de la violencia, el impacto ambiental es severo y acumulativo. Para Karina Garay, vocera del Observatorio de Minería Ilegal, la minería ilegal “no es solo un delito económico: es una amenaza directa al Estado de derecho”. Garay advirtió que el uso indiscriminado de mercurio ha contaminado ríos y suelos, afectando cadenas alimenticias y la salud de comunidades ribereñas e indígenas. Estudios citados por especialistas indican niveles de mercurio en sangre hasta seis veces por encima de lo permitido, con especial riesgo para niños y mujeres embarazadas.
En la Amazonía, la devastación es visible: miles de hectáreas de bosque son arrasadas cada año para abrir paso a dragas y retroexcavadoras que destruyen ecosistemas frágiles y dificultan cualquier recuperación a corto plazo.
Golpes millonarios, problema persistente
El Estado ha intensificado la interdicción. El Ministerio de Defensa informó que, solo en 2025, las operaciones conjuntas en el Vraem, Pataz y Putumayo afectaron economías ilegales por más de S/ 874 millones. En Pataz, el Comando Unificado Pataz (CUPAZ) estimó pérdidas por S/ 246 millones para las organizaciones criminales tras la destrucción de plantas y campamentos.
Sin embargo, fuentes de seguridad reconocen que los golpes, aunque significativos, no han desarticulado la estructura financiera del negocio, que se recompone rápidamente gracias al alto precio del oro y a circuitos de comercialización aún vulnerables.
Leyes, formalización y límites
Sobre el marco legal, Arriola recordó que la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta 2026 responde a decisiones del Congreso y el Ejecutivo, y subrayó que la PNP actúa con un rol técnico. La estrategia policial se concentra en destruir maquinaria, incautar mineral y cortar la logística criminal, mientras las Fuerzas Armadas respaldan el control territorial en estados de emergencia.
Panorama
La advertencia es clara: el oro ilegal ya no es una economía paralela, sino el principal combustible del crimen organizado en el Perú. Mientras la interdicción avanza y el Estado refuerza su presencia, la combinación de violencia, daño ambiental y rentabilidad extrema mantiene a la minería ilegal como uno de los mayores desafíos de seguridad y gobernabilidad del país.
