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El fallo que benefició al comercio mayorista se emitió tras la presencia del presidente encargado en el local del empresario chino Zhihua Yang, hoy bajo investigación fiscal.
La Fiscalía de la Nación y el Congreso han puesto bajo escrutinio una resolución del Indecopi que benefició a comercios mayoristas del Centro de Lima, emitida poco después de una visita no oficial del presidente encargado José Jerí al local Market Capón, propiedad del empresario chino Zhihua Yang. El caso plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés, el uso de canales informales de comunicación y la independencia de los organismos reguladores.
Antecedentes y contexto
En marzo de 2025, la Municipalidad Metropolitana de Lima, encabezada por el alcalde Rafael López Aliaga, declaró la intangibilidad del Centro Histórico mediante la Ordenanza N.° 2711. La norma restringió el comercio mayorista y el uso de almacenes en la zona, tras un incendio de gran magnitud que evidenció riesgos asociados al almacenamiento informal de mercadería.
La medida fue defendida por la municipalidad como una acción de seguridad pública y preservación patrimonial. Sin embargo, afectó directamente a establecimientos dedicados a la venta al por mayor, entre ellos Market Capón, ubicado en el jirón Paruro.
La secuencia de hechos
El 6 de enero de 2026, fiscalizadores municipales clausuraron Market Capón por incumplir la ordenanza vigente, al detectarse actividades de comercio mayorista y almacenamiento en pisos superiores. Horas después, cámaras del programa Cuarto Poder registraron la presencia del presidente encargado José Jerí en el local clausurado, acompañado por Zhihua Yang y directivos del establecimiento.
Durante esa visita, Jerí realizó una llamada telefónica desde el interior del local. Según fuentes citadas por medios de investigación, el destinatario habría sido un alto funcionario de Indecopi, extremo que no ha sido confirmado oficialmente.
Dos días más tarde, el 9 de enero, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi emitió una resolución que declaró ilegal la prohibición municipal al comercio mayorista en el Centro Histórico y ordenó su inaplicación general.
La resolución de Indecopi
El fallo sostuvo que la ordenanza municipal constituía una “barrera burocrática ilegal”, al restringir actividades económicas sin cumplir criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Indecopi señaló que la decisión se adoptó dentro del plazo legal de 120 días hábiles previsto en el Decreto Legislativo N.° 1256 y negó haber recibido presiones externas o solicitudes directas vinculadas al caso.
La municipalidad anunció que apelará la resolución en segunda instancia, argumentando que la medida respondía a riesgos comprobados para la seguridad ciudadana y el patrimonio histórico.
Posturas y declaraciones
Desde Indecopi, voceros institucionales indicaron que el procedimiento se tramitó conforme a ley y que la coincidencia temporal con la visita presidencial no implica relación causal. En tanto, Palacio de Gobierno no ha respondido públicamente a las consultas sobre la llamada realizada por Jerí ni sobre su presencia en el local clausurado.
Por su parte, el gerente de Market Capón evitó brindar explicaciones detalladas y, en declaraciones posteriores, negó vínculos cercanos con Zhihua Yang, pese a registros empresariales y testimonios previos.
Implicaciones políticas e institucionales
El episodio se suma a una serie de cuestionamientos que enfrenta el presidente encargado por reuniones no consignadas en la agenda oficial con empresarios de origen chino. En el ámbito político, el caso ha reforzado pedidos de investigación por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias, figuras que evalúa la Fiscalía Anticorrupción.
En el plano institucional, el caso reabre el debate sobre la autonomía de los organismos reguladores y los límites de la intervención política en procedimientos administrativos con impacto económico significativo.
Próximos pasos
La resolución de Indecopi será revisada en segunda instancia, mientras el Congreso, a través de comisiones de fiscalización, evalúa citar a funcionarios del organismo regulador y a representantes del Ejecutivo. Paralelamente, la Fiscalía deberá determinar si la secuencia de hechos configura indicios suficientes para profundizar las investigaciones preliminares.
Panorama
La coincidencia temporal entre una visita presidencial no registrada, una llamada aún sin aclarar y una resolución administrativa de alto impacto ha colocado a Indecopi y al Ejecutivo en el centro de un nuevo foco de tensión política. El desenlace dependerá de las indagaciones fiscales y del control parlamentario, en un contexto marcado por la exigencia pública de transparencia y rendición de cuentas.
