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De 16 aspirantes promovidos como “voto cristiano”, seis figuran en archivos policiales por presuntos delitos como violencia familiar, estafa y conducción en estado de ebriedad.
Seis de los 16 candidatos evangélicos al Congreso promovidos por Renovación Popular registran denuncias en bases de datos policiales por presuntas conductas como violencia contra la mujer, estafa, apropiación ilícita, usurpación y conducción en estado de ebriedad. Los antecedentes corresponden a aspirantes impulsados bajo la consigna de “voto cristiano” por dirigentes del partido liderado por Rafael López Aliaga, quienes buscan fortalecer la representación de sectores religiosos en el próximo Parlamento.
Antecedentes y contexto
El congresista Alejandro Muñante y la legisladora Milagros Jáuregui han promovido públicamente a 16 candidatos vinculados a diversas iglesias evangélicas. Ambos parlamentarios, que postulan a la reelección, han impulsado durante el último periodo legislativo iniciativas alineadas con sus convicciones religiosas, especialmente en temas vinculados a derechos de mujeres y población LGBTIQ+, lo que ha generado controversia en el debate público.
La estrategia electoral apunta a consolidar un bloque parlamentario de orientación confesional en el próximo Congreso. En ese marco, la revisión de registros policiales revela que seis aspirantes presentan denuncias previas, según documentación consultada por medios de comunicación.
Los registros policiales
Irma Palomino Padilla, candidata por Apurímac e integrante de la comunidad Agua Viva, registra cuatro denuncias policiales: una por falsedad ideológica (1993), otra por faltas contra las personas (2010), dos por apropiación ilícita (2016 y 2017) y una imputación en 2019 por conducir un vehículo con requisitoria.
En declaraciones públicas, Palomino reconoció la existencia de las denuncias, pero precisó que no concluyeron en sentencia firme y fueron archivadas. “Mi trayectoria pública y profesional ha sido transparente”, sostuvo.
El congresista Esdras Medina Minaya, postulante a la reelección por Arequipa y miembro de Las Asambleas de Dios del Perú, figura con tres denuncias. En 2017 fue denunciado por violencia contra la mujer por la madre de sus hijas, según parte policial. También fue denunciado por presunto delito contra la administración pública cuando ejercía como regidor municipal. En 2023 afrontó una denuncia por estafa vinculada a la venta de un terreno. Medina no respondió a solicitudes de descargo.
José Guerra Velásquez, candidato por Lima, registra intervenciones policiales en 2010 y 2013 por presunta conducción en estado de ebriedad y por irregularidades vehiculares. Consultado, negó las imputaciones y sostuvo que podría tratarse de un error, pese a que los registros consignan datos coincidentes con un vehículo de su propiedad.
Gremy Azocar Fajardo, candidata por Ayacucho, aparece en registros por una denuncia de violencia contra la mujer en 2020. Azocar afirmó que participó en el caso como denunciante y agraviada, no como investigada, y que el proceso fue archivado.
Olga Condori Quispe, candidata por Arequipa, afronta denuncias por estafa y usurpación. Ha señalado que se trataría de una confusión. Paola Martínez Paitan, aspirante en Lima, fue denunciada en 2016 por agresión; la candidata rechazó los hechos.
Implicaciones políticas
La existencia de denuncias, aunque no siempre concluidas en sentencia, reabre el debate sobre los filtros éticos en la selección de candidatos y la coherencia entre discurso moral y antecedentes personales. En el contexto de una campaña marcada por la polarización ideológica, el tema podría impactar en la percepción pública sobre la integridad de los aspirantes.
Especialistas en derecho electoral señalan que la normativa vigente no impide postular a quienes registren denuncias archivadas o sin condena firme. Sin embargo, advierten que la transparencia y la rendición de cuentas constituyen factores relevantes en la evaluación ciudadana.
Asimismo, la consolidación de un bloque parlamentario de orientación religiosa podría influir en la agenda legislativa en materias vinculadas a derechos fundamentales, educación sexual, políticas de género y libertades civiles.
Próximos escenarios
El desarrollo de la campaña y la eventual revelación de nuevos antecedentes podrían incidir en la estrategia comunicacional del partido y en la respuesta institucional frente a cuestionamientos éticos. Renovación Popular no ha emitido, hasta el momento, un pronunciamiento integral sobre los casos señalados.
Panorama
Seis de los 16 candidatos evangélicos promovidos por Renovación Popular registran denuncias en archivos policiales por diversas presuntas inconductas. Aunque varios aspirantes sostienen que los procesos fueron archivados o que las acusaciones son infundadas, la situación introduce un nuevo elemento en el debate electoral sobre transparencia, coherencia política y estándares éticos en la representación parlamentaria.
