Caso Papeles de Panamá alcanza a López Aliaga por presunto lavado de activos

Fiscalía investiga uso de empresas offshore vinculadas a deudas tributarias y contratos públicos en Lima.

El candidato presidencial Rafael López Aliaga enfrenta una investigación por presunto lavado de activos vinculada al caso internacional de los “Papeles de Panamá”, revelado en 2016. La fiscalía peruana sostiene que utilizó estructuras offshore en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Estados Unidos para ocultar activos, evadir obligaciones tributarias y canalizar ingresos provenientes de contratos con la Caja Metropolitana de Lima.

Antecedentes y contexto

El caso se origina en la filtración global conocida como los Papeles de Panamá, difundida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que expuso la creación de empresas offshore a través del estudio Mossack & Fonseca. Estas estructuras eran utilizadas, según diversas investigaciones, para ocultar patrimonio o reducir cargas tributarias.

En el Perú, uno de los nombres incluidos en los documentos fue el de López Aliaga, quien habría recurrido a este estudio para constituir empresas en distintas jurisdicciones. Entre ellas destaca Latin Security Corporation Panamá, vinculada a una firma homónima registrada en Islas Vírgenes Británicas junto a su socio Lorenzo Sousa Debarbieri.

Estructura empresarial bajo investigación

De acuerdo con la tesis fiscal, el candidato habría participado en la creación de varias compañías offshore, entre ellas:

• Acres Investments Ltd. (Nevada, EE.UU.)
• Acres Investments International Ltd. (Panamá)
• Paga Investments (Islas Vírgenes Británicas)

Estas empresas estarían relacionadas con Peruval Corp. S.A., compañía con sede en Lima que mantiene una deuda tributaria de S/13 millones con la Sunat. Según la investigación, dichas firmas compartieron domicilio fiscal en San Isidro con otras empresas del grupo vinculadas al caso.

Uno de los puntos centrales es que una versión offshore de Peruval Corp. habría reemplazado a la empresa peruana, lo que permitiría desligarse de la deuda tributaria acumulada en el país.

Declaraciones y posturas

La fiscalía sostiene que estas estructuras fueron utilizadas para canalizar presuntos ingresos ilícitos derivados de contratos firmados por Acres Finance S.A. y Acres Sociedad Titulizadora S.A. con la Caja Metropolitana de Lima durante gestiones anteriores.

Asimismo, se menciona un posible vínculo con funcionarios de dicha entidad, lo que configuraría un esquema de colusión para favorecer operaciones financieras específicas.

Por su parte, López Aliaga ha rechazado las acusaciones, afirmando que los fondos manejados por sus empresas offshore son de origen lícito y que las operaciones se realizaron dentro del marco legal.

Desarrollo judicial y estado del proceso

El proceso judicial ha tenido avances recientes. En septiembre de 2024, el Poder Judicial rechazó un pedido de la defensa para archivar el caso mediante una excepción de improcedencia de acción. Posteriormente, en octubre de 2025, se aprobó la ampliación de la investigación por 24 meses adicionales.

Estas decisiones consolidan la continuidad del proceso y obligan al investigado a responder ante la justicia mientras se desarrollan las diligencias fiscales.

Implicaciones políticas y económicas

El caso adquiere relevancia en el contexto electoral, al involucrar a un candidato presidencial en una investigación por delitos económicos. Las acusaciones también ponen en debate el uso de estructuras offshore por parte de empresarios y políticos, así como su impacto en la recaudación tributaria y la transparencia financiera.

Además, la vinculación con contratos públicos y entidades municipales introduce cuestionamientos sobre la gestión de recursos del Estado y los mecanismos de supervisión institucional.

Panorama

El caso “Papeles de Panamá” en el Perú continúa en etapa de investigación fiscal, con nuevas diligencias en curso y plazos ampliados por el Poder Judicial. Mientras no exista una resolución definitiva, la situación de López Aliaga se mantiene bajo análisis de las autoridades competentes, en paralelo al desarrollo del proceso electoral.