El mandatario estadounidense presentó el pacto como “el mayor acuerdo petrolero de la historia” y aseguró que no tendrá costo para sus contribuyentes. Sin embargo, la Constitución venezolana reserva al Estado las actividades esenciales del sector de hidrocarburos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciaron este viernes 28 de agosto un acuerdo que otorgaría a Washington el control mayoritario de 17 yacimientos venezolanos con más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, equivalentes al 21,5 % del total del país.
El pacto fue divulgado inicialmente por Trump a través de Truth Social y confirmado horas después por Rodríguez mediante un comunicado. Según ambas partes, las negociaciones estuvieron a cargo del secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra, Pete Hegseth; representantes del gobierno interino venezolano y empresas privadas.
Ninguno de los anuncios explicó qué figura jurídica permitiría materializar ese “control mayoritario” en un país cuya Constitución reserva al Estado las actividades esenciales de la industria petrolera.
Un anuncio sin documentos ni términos públicos
Trump calificó la operación como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y afirmó que se consiguió “sin costo alguno para el contribuyente estadounidense”. Sin embargo, no precisó qué implica jurídicamente el control anunciado, cuáles son los 17 yacimientos involucrados, qué compañías privadas participarán ni qué recibirá Venezuela a cambio.
El comunicado de Rodríguez tampoco identificó los campos ni a sus futuros operadores. Además, omitió información sobre la duración del convenio, su estructura jurídica y el mecanismo para distribuir los ingresos.
Hasta el momento no se han publicado contratos ni documentos oficiales que permitan conocer los términos del pacto.
Reuters informó, citando fuentes familiarizadas con las negociaciones, que se evaluaba un modelo basado en el arrendamiento de áreas petroleras, seguido de licitaciones para adjudicar los yacimientos a productores estadounidenses.
La agencia advirtió que ese esquema podría enfrentar obstáculos legales en Venezuela, pues la legislación vigente no contempla el arrendamiento de áreas petroleras y la Constitución reserva al Estado las actividades esenciales del sector. Las reformas aprobadas recientemente permiten la formación de empresas mixtas y la suscripción de contratos de producción compartida, pero no establecen expresamente la figura del arrendamiento.
La BBC señaló que no pudo verificar de manera independiente el contenido de esas negociaciones.
Trump promete petróleo barato y mayores reservas
En Truth Social, Trump afirmó que Rubio y Hegseth, siguiendo sus instrucciones y trabajando estrechamente con la “muy respetada” presidenta interina venezolana y con empresas privadas, consiguieron “el control mayoritario de Estados Unidos sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”.
El mandatario aseguró que la operación “más que duplica” las reservas petroleras estadounidenses y que permitirá reducir sustancialmente el precio de la gasolina durante muchos años. No presentó estudios ni proyecciones técnicas que respalden esa estimación.
Rodríguez, por su parte, definió el acuerdo como “un hito histórico en las relaciones bilaterales” y sostuvo que permitirá incrementar considerablemente la producción petrolera mediante la participación de operadores privados.
La presidenta interina anunció inversiones superiores a los US$100.000 millones y una recaudación de más de US$209.000 millones en tributos para el Estado venezolano. No detalló los plazos, las fuentes de financiamiento ni la metodología utilizada para calcular esas cifras.
Su comunicado tampoco abordó la compatibilidad del acuerdo con la Constitución y la legislación venezolana.
Marco Rubio calificó el pacto en la red social X como “una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”. Según el secretario de Estado, el acuerdo garantizará reservas estables y petróleo de bajo costo dentro del hemisferio, además de atraer cerca de US$100.000 millones en inversión privada.
Más allá del pronunciamiento de Rodríguez, el gobierno interino venezolano no ha difundido información adicional sobre la operación.
El 21,5 % de las reservas venezolanas
Los 65.000 millones de barriles mencionados representan aproximadamente el 21,5 % de las reservas probadas de Venezuela, calculadas en unos 303.000 millones de barriles por la Administración de Información Energética de Estados Unidos y la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
Con cerca del 17 % de las reservas mundiales, Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del planeta.
La cantidad incluida en el acuerdo equivale, además, al 141 % de las reservas probadas de petróleo crudo y condensado de Estados Unidos, que ascendían a 46.000 millones de barriles al cierre de 2024, según la EIA.
No obstante, la capacidad venezolana para extraer ese petróleo está muy por debajo del volumen de sus reservas. El país llegó a producir más de tres millones de barriles diarios hace poco más de dos décadas, antes de sufrir un desplome relacionado con la falta de inversión, el deterioro de la infraestructura, los problemas operativos y las sanciones internacionales.
Tras una recuperación parcial, Venezuela produce actualmente cerca de 1,25 millones de barriles diarios, menos de la mitad de su máximo histórico. El sector requiere inversiones millonarias para modernizar pozos, oleoductos, refinerías, terminales y puertos.
El giro iniciado tras la captura de Maduro
El acuerdo se enmarca en el cambio de las relaciones bilaterales iniciado tras la captura y el traslado del expresidente Nicolás Maduro a Estados Unidos el pasado 3 de enero.
Desde entonces, el gobierno de Trump respaldó a Delcy Rodríguez, hasta ese momento vicepresidenta, como presidenta interina y principal interlocutora de Washington.
La administración estadounidense buscó asegurar un flujo estable de crudo venezolano hacia sus refinerías y promover la participación de compañías estadounidenses en la recuperación del sector energético.
Las negociaciones se desarrollaron dentro de un plan de tres fases propuesto por Rubio: estabilización, recuperación y transición política. En ese contexto, Estados Unidos impulsó reformas de las leyes petrolera y minera para facilitar la inversión privada, levantó algunas sanciones y exploró mecanismos para rehabilitar el sistema eléctrico venezolano.
Esta secuencia deja al descubierto el principal problema jurídico señalado por Reuters: las reformas permiten empresas mixtas y contratos de producción compartida, pero no contemplan el arrendamiento de áreas petroleras que se habría evaluado durante las conversaciones.
Washington amplía su influencia
Estados Unidos también ha asumido un papel central en la gestión de los ingresos procedentes de las exportaciones venezolanas de petróleo, mientras su influencia se extiende al proceso político interno.
La opositora Dinorah Figuera regresó del exilio para encabezar, a pedido del Departamento de Estado, un diálogo con el gobierno orientado a recuperar instituciones como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Las delegaciones del oficialismo y la oposición celebraron su primer encuentro presencial el 6 de agosto.
El proceso ha generado cuestionamientos sobre una posible pérdida de soberanía, la ausencia de transparencia y el control estadounidense de los ingresos petroleros.
El nuevo escenario coloca a los principales sectores venezolanos en una posición de dependencia frente a Washington. El gobierno interino necesita recursos y respaldo para mantenerse, mientras la oposición requiere apoyo externo para impulsar una apertura institucional.
Este desequilibrio reduce la capacidad de someter el acuerdo a una evaluación jurídica independiente dentro de Venezuela.
Chevron y Halliburton evalúan nuevas operaciones
En el ámbito empresarial, The Wall Street Journal informó que Chevron negocia ampliar sus operaciones en Venezuela y que Halliburton mantiene conversaciones para prestar servicios a productores del país.
La BBC no pudo verificar esos contactos de manera independiente. Ninguna de las dos compañías ha sido mencionada oficialmente entre las participantes del acuerdo anunciado por Trump y Rodríguez.
Los puntos que todavía deben aclararse
El alcance real del pacto dependerá de que se resuelvan aspectos esenciales que permanecen sin respuesta:
- La identificación de los 17 yacimientos.
- Los nombres de las empresas privadas participantes.
- La figura jurídica que permitirá ejercer el denominado “control mayoritario”.
- La duración del acuerdo.
- El reparto de los ingresos.
- Los compromisos concretos asumidos por Venezuela y Estados Unidos.
- La compatibilidad del pacto con la Constitución y las leyes venezolanas.
Si finalmente se adopta un modelo de arrendamiento con licitaciones, su legalidad tendría que resolverse mediante una interpretación del marco vigente o una nueva reforma legislativa.
Mientras tanto, el diálogo entre el oficialismo y la oposición continuará dentro del plan de tres fases diseñado por Rubio.
Panorama
Trump y Rodríguez han anunciado un acuerdo que involucra 17 yacimientos, 65.000 millones de barriles, inversiones superiores a los US$100.000 millones y una recaudación proyectada de US$209.000 millones para Venezuela.
Sin embargo, todas esas cifras proceden de las declaraciones de las partes y todavía no pueden contrastarse con contratos o documentos públicos.
Hasta que se conozcan la estructura jurídica y las condiciones del pacto, su alcance seguirá sujeto a una pregunta fundamental: cómo puede Estados Unidos ejercer el control mayoritario de una parte sustancial de las reservas venezolanas dentro de un marco constitucional que reserva al Estado las actividades esenciales de la industria petrolera.
