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Estados Unidos. Votación en sala judicial quedó empatada 4-4, con lo cual el tema será decidido en las elecciones presidenciales de noviembre.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lamentó que la Corte Suprema mantuviera bloqueados los decretos para flexibilizar el tema migratorio y proteger a millones de inmigrantes de ser deportados, que anunció su gobierno a fines de 2014.
"Pienso que es desolador para los millones de inmigrantes que hicieron sus vidas aquí, que criaron a sus familias aquí y que tienen esperanza en la oportunidad de trabajar, pagar sus impuestos, servir en las fuerzas armadas y contribuir con este país que todos amamos", dijo el mandatario.
La discusión en la máxima corte estadounidense quedó empatada en cuatro votos a cuatro, y por lo tanto mantiene vigente una decisión de un tribunal inferior que deja en un limbo jurídico a millones de inmigrantes, en un tema de particular sensibilidad en un año electoral.
Tras hacerse pública la votación, el presidente compareció en la Casa Blanca para deplorar el resultado y llamó a sus compatriotas a no temer a la inmigración. "Mi firme convicción es que no se trata de algo que debamos temer", dijo el mandatario.
El conjunto de medidas ejecutivas de Obama preveía protecciones a padres de niños que están legalmente en el país y una ampliación del programa que ampara a gente que fue traída al país cuando eran menores.
También contemplaba la regularización temporal y la entrega de permisos de trabajos a inmigrantes clandestinos.
Obama decidió aprobar el plan luego que los republicanos obtuvieron el control del Senado en las elecciones legislativas de 2014 y disminuyeron aún más las probabilidades ya remotas, de que el legislativo apruebe una reforma migratoria.
El Senado aprobó una amplia reforma migratoria, con respaldo demócrata y republicano, en 2013, pero la medida quedó atascada en la Cámara de Representantes controlado por los republicanos.
Poco después de que Obama anunció su iniciativa, los estados acudieron a los tribunales.
Texas lideró un grupo de 26 estados con gobiernos republicanos que demandaron al gobierno federal en torno a la iniciativa anunciada en noviembre de 2014. Los republicanos en el Congreso también apoyaron la demanda de los estados.
La demanda fue evaluada por el juez Andrew Hanen de Brownsville, Texas, quien ya antes había criticado al gobierno por no hacer cumplir las normas migratorias. El juez se declaró a favor de la demanda de los estados, con lo que la iniciativa quedó bloqueada. El Tribunal Federal de Apelaciones de Quinto Circuito también se puso de lado de los demandantes y el Departamento de Justicia apeló rápidamente a la Corte Suprema para que el caso pueda ser decidido en este período.
El resultado presagia que la política migratoria de Estados Unidos será decidida mayormente por las elecciones presidenciales de este año, en una campaña en que la inmigración ya ha surgido como uno de los temas más álgidos.
Los inmigrantes que se hubieran beneficiado de los programas no enfrentan un inminente peligro de deportación, pues el Congreso ha aprobado el presupuesto para lidiar con solo un pequeño porcentaje de la gente que está viviendo en el país ilegalmente y el presidente mantiene amplia discreción en cuanto a quién deportar.
