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El Partido de los Trabajadores de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff y Lula de Silva, volvió a quedar este jueves en el centro de acusaciones de corrupción tras el allanamiento de su sede en Sao Paulo y la detención de un ex ministro de ambos gobiernos.
Agentes policiales fueron desplegados en cinco estados de Brasil en una operación vinculada al escándalo de corrupción en Petrobras, para cumplir 11 pedidos de prisión preventiva, 14 órdenes de conducción de involucrados ante la justicia y 40 allanamientos en busca de documentación y pruebas, informó la policía.
Paulo Bernardo, ex ministro de Planificación de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y de Comunicaciones durante el primer mandato de Rousseff (2011-2015), fue apresado en Brasilia, como parte de las investigaciones para dilucidar "el pago de sobornos de más de 100 millones de reales (unos 30 millones de dólares) para diversos funcionarios públicos" entre 2010 y 2015, según dijo la fiscalía de Sao Paulo en un comunicado.
El ministerio de Planificación es acusado de haber formado parte de un esquema de sobornos pagados para asegurar la contratación de una firma de tecnología que pasaba "más del 70% de su facturación a otras empresas mediante la simulación de contratos y la emisión de notas fiscales falsas con el único objetivo de mantener funcionando el sistema" de desvío de fondos públicos.
Las autoridades estimaron en unos 7 millones de reales (2 millones de dólares) el dinero que recibió un estudio de abogados ligado a Bernardo, figura de peso en el golpeado PT y esposo de la senadora de esa fuerza Gleisi Hoffmann, una de las principales espadas políticas de Rousseff.
