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La corrupción gubernamental no sólo afecta la competitividad de la economía de un país, también mina la eficacia del Estado y el desarrollo de las instituciones democráticas. A gran escala, la corrupción socava la legitimidad de todo gobierno.
Los países que tienen instituciones débiles y desafíos de gobernabilidad como el Perú, son los que encaran mayores problemas de corrupción y los más perjudicados por esta enfermedad social son las clases sociales menos favorecidas. “La corrupción daña más a los pobres quienes son los que resienten más el declive económico y son menos capaces de pagar los costos extras asociados con el fraude”. Menciona el Banco Mundial (BM) en uno de sus últimos enunciados sobre la corrupción, y es muy cierto.
Recientes datos del BM apuntan que la corrupción absorbe anualmente del 5 al 10% del Producto Interno Bruto mundial. Esto quiere decir que en actos de corrupción se gastan de mil 500 a 3 mil billones de dólares, cifra que representa al menos la cuarta parte de los activos que se invierten cada año en licitaciones en todo el mundo. Y es que cada año el sistema financiero global lava un millón de millones de dólares que provienen de actos de corrupción.
Luchar en contra de la corrupción puede generar enormes beneficios a la sociedad de un país, pues se ha comprobado a través de diversos análisis económicos que los países que mejoran de manera moderada el control de la corrupción pueden esperar un aumento de cuatro veces en los ingresos per cápita a largo plazo.
El Fondo Monetario Internacional es otra de las organizaciones que ha identificado a la corrupción como un factor que debilita a las instituciones gubernamentales de un país y genera mayor pobreza. En un comunicado enviado por la oficina de prensa de este organismo se explica que la corrupción sabotea los programas que se enfocan a reducir la pobreza: “atacar a la corrupción es atacar a la pobreza”, menciona el comunicado. Un análisis de ese organismo explica que la corrupción promueve el aumento de reglamentaciones excesivas y discrecionales así como el disparo de los costos de transacción y la incertidumbre de una economía.
El soborno generalizado suele llevar a resultados económicos poco eficaces. Impide las inversiones extranjeras e internas a largo plazo y menoscaba la capacidad del Estado para obtener ingresos produciendo un aumento incesante de los impuestos que pagan un número cada vez menor de contribuyentes.
Combatir a la corrupción con spots gubernamentales no es suficiente. Para emprender la guerra en contra de ella no es suficiente con armar campañas televisivas ni basarse sólo en buenos propósitos. Tampoco es suficiente que las instituciones burocráticas creen oficinas anticorrupción o añadan a las leyes gubernamentales nuevos párrafos en contra del cohecho.
La corrupción es un problema que necesita ser tratado de frente. Para ello es imperativo entender cuáles son los desafíos de gobernabilidad en un país y cuáles son los factores clave por los que existen instituciones débiles e intereses creados que contribuyen a la corrupción en un país.
La corrupción no es sólo un problema que atañe a las burocracias de nivel medio sino a la estructura política que mantiene conexiones con la elite privada. Por ello un gobierno probo es el mejor indicador para iniciar una lucha frontal contra la corrupción. Por lo que una de las primeras medidas que deberá emprender el nuevo gobierno es poner de manifiesto una clara actitud de lucha frontal contra la corrupción. Y ello se evidenciará fehacientemente brindando los mecanismos y recursos para fortalecer el Poder Judicial y sobre todo las fiscalías anticorrupción. Hay procesos iniciados con serías denuncias, como las que tendrá que enfrentar la primera dama Nadine Heredia, el cual podría convertirse en un proceso ejemplarizado para el ejercicio pleno de la justicia enfrentando la corrupción. Esta será una tarea inmediata que tendrá que emprender el entrante gobierno. Hasta mañana mis amigos de Primera.
