Contralor destapa que se han descubierto más de 16 mil funcionarios públicos corruptos y sólo 61 está condenado

Nelson Shack reconoce que no ha existido una eficiente labor de control. Revela que se han detectado 31,816 irregularidades cometidas en el Estado

El contralor general de la República, Nelson Shack, sostuvo que actualmente hay un total de 16,431 funcionarios públicos que se encuentran en procesos penales. Sin embargo, precisó que de esta cifra hasta el momento solo 61 han sido sentenciados con pena efectiva confirmada.

“El sistema nacional de control no ha estado funcionando bien, de los funcionarios comprometidos en procesos civiles penales, se detectaron 31,816 irregularidades penales cometidas por 16,431 funcionarios”, dijo Shack.
El contralor comentó que también fueron detectadas 18,738 irregularidades civiles cometidas por 13,152 funcionarios. Agregó que en ambos casos, tanto civiles como penales, 677 funcionarios públicos tienen pena suspendida y solo 61 pena efectiva confirmada, en el periodo que va de 2009 a marzo de este año.
De acuerdo al Proceso Administrativo Sancionador (PAS), un total de 12,176 funcionarios es investigado actualmente por faltas graves y muy graves. De ellos 2,698 fueron sancionados en primera instancia (3,376 inhabilitados y 322 suspendidos). Mientras que 1,527 tienen sanciones confirmadas y consentidas.
Shack dijo que el servicio de denuncias cuenta con poca cobertura y escasa efectividad, debido a que de los 2,768 casos que ingresaron el año pasado, 1504 fueron concluidos y no se admitieron, mientras que 304 pasaron a evaluación.
Agregó que de la cifra principal solo 294 concluyeron luego de evaluación y que 96 fueron desestimados, mientras que 10 continúan en evaluación y 1,410 aún están pendientes de evaluación; así como 198 productos emitidos.
El contralor explicó también que los principales casos de corrupción que afrontó su entidad en los últimos años fueron las investigaciones a gobernadores regionales y alcaldes denunciados; la Red Orellana, el caso del SIS; los Narcoindultos y el caso Lava Jato que involucra a las constructoras brasileñas con diversos funcionarios públicos, como presidentes de la República.