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Cuestionó las declaraciones de la premier, quien señaló que el revelador informe de la UIF no tiene condición de prueba
El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) remitido a la comisión investigadora Lava Jato y que está referida a los movimientos bancarios del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), es un documento público y tiene valor probatorio, aclaró el ex procurador anticorrupción, Luis Vargas Valdivia.
Fue al cuestionar las declaraciones de la premier Mercedes Aráoz, quien señaló que el informe de la UIF que señala que First Capital y Westfield Capital transfirieron US$3 millones al presidente, y que parte de esa cantidad tendría como origen servicios brindados a Odebrecht, no tiene condición de prueba.
“La primera ministra ha salido diciendo que ese documento de la UIF no tiene valor probatorio. No es abogada y es obvio que no conoce la ley, pero le hubiera preguntado a alguien medianamente conocido que le podría indicar, que para empezar es un documento público, por lo tanto, es un instrumento que tiene la condición de prueba”, dijo.
Por otro lado, el exprocurador manifestó que los congresistas están obligados a respetar la ley y que si llega un documento que es reservado y se hace público, se estaría cometiendo una infracción a la Constitución.
“Lo que tendríamos que analizar es si al haberse afectado la reserva de la UIF se convierte en prueba prohibida, y yo creo que no, porque finalmente esta afectación de la reserva implica responsabilidad funcional o penal de quien violó la obligación de mantener la reserva, es decir alguien de la comisión Lava Jato”, argumentó.
“Si me llega un documento que es reservado y lo hacen público, argumentando que eso es para terceros y no para él, ese argumento que carece de sustento. Ahí habría infracción a la Constitución”, aseveró.
Por otro lado, Vargas Valdivia consideró que existe falta de interés de lucha contra la corrupción y de esclarecer los hechos vinculados al caso Odebrecht. Cuestionó, además que no se amplíe las facultades de la UIF.
“[Los políticos] tienen la idea equivocada que en la medida que la UIF no tenga acceso a levantar los movimientos de las cuentas van a pasar desapercibidos. Lo que es un absurdo porque si bien es cierto, que la UIF no tiene facultades para el levantamiento del secreto bancario, sin embargo, es la encargada de evaluar y analizar los reportes de operaciones sospechosas que le remiten los bancos”, aseveró.
“Estamos ante una falta de interés, en realidad, de nuestra pseudo clase político, y sin un verdadero compromiso de lucha contra la corrupción. No son hechos aislados”, expresó.
Finalmente, cuestionó la modificación de las normas electorales que restringen la facultad de la ONPE respecto al control del movimiento financiero de los partidos y agrupaciones.
“Acá tenemos dos ciudadanos uno a los que se aplica a rajatabla y los políticos que tienen un trato especial”, cuestionó.
