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Mientras el país estaba distraído con “cuestión de confianza”, se aprobó la “Planilla Única” que hará imposible conseguir aumentos y mejoras para trabajadores estatales
Dos nuevos decretos legislativos, los N° 1442 y N° 1450, eliminaron en la práctica la “negociación colectiva”, mecanismo que permitía a los trabajadores públicos negociar sus salarios con el Estado, denunció Luisa Eyzaguirre, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Sedapal (Sutesal).
La dirigente explicó que el Decreto Legislativo N°1442 establece la creación de una planilla única de pagos del sector público incluyendo las empresas del Estado, financiero y no financiero, lo cual supone una barrera para las posibilidades de aumentar o mejorar los sueldos de los trabajadores del sector público.
“Están estableciendo el marco regulatorio para generar una planilla única a nivel de todas las entidades con restricciones presupuestales, lo que significa que se está eliminado la negociación colectiva en todas las entidades públicas porque todo estará en función a las restricciones presupuestales que se otorgan a través de la Ley Servir”, declaró.
Añadió que hasta el 2012 las entidades tenían la posibilidad de establecer negociaciones colectivas de un presupuesto de cada entidad, “pero con esto se eliminaría”, cuestionando la vigencia de estas nuevas normas al considerar que “son un desacato ante lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, y es una falta grave para la legislación laboral, es inconstitucional”, agregó.
Señaló que llama la atención que ambos decretos no estén firmados por el Ministro del Trabajo, Christian Sánchez, por lo que en caso no se pronuncie en las próximas horas, solicitarán formalmente su renuncia.
Ante ello, adelantó que junto con los demás sindicatos del sector público, incluyendo de las empresas del estado, solicitarán al Congreso la revisión de ambas normas a fin de que se realicen las modificaciones necesarias.
Además, solicitarán una reunión con el premier Cesar Villanueva a fin de exponer la preocupación de los más de 1.6 millones de trabajadores que estarían siendo afectados directamente con las nuevas normas.
