Consejo de la Prensa Peruana ataca a La Primera y a su director

En Perú, la plata todo lo puede. La Primera y su Director hemos sido testigos y victimas del efecto de la “plata como cancha” y del efecto de la concentración de medios de la prensa peruana: parece que la plata del Grupo Interbank y de su presidente, el amigo de PPKutra Carlos Rodríguez Pastor, tiene el poder de comprar al Consejo de la Prensa Peruana, integrado por los numerosos medios de comunicación bendecidos casualmente, (o quizá no por casualidad), con la publicidad del Grupo Interbank. Su plata como cancha tiene el poder de hacer y deshacer resoluciones unilaterales a conveniencia del mejor postor. Hacemos público el ataque contra este medio y contra su Director, ataque que proviene, precisamente, de quien más debería defenderlos: El Consejo de la Prensa Peruana, a través de su Tribunal de Ética. Este organismo nos ataca y nos acusa de mentir. De publicar informaciones falsas de no contar con el sustento de las mismas. Todo ello en el marco de un proceso iniciado por una persona jurídica, el Grupo Interbank y también por una persona natural, el ejecutivo del Grupo Interbank, Alejandro Ponce. La mentira es un comportamiento antiético. Y precisamente el Tribunal de Ética, en contra de su intrínseca naturaleza, falta a la ética y miente. Miente cuando nos ataca, acusándonos de mentir. Qué contrasentido, qué tal falta de ética por parte de una entidad autoproclamada defensora de la misma! El Consejo de la Prensa Peruana, a través de su Tribunal de Ética, emite la resolución que reproducimos. Resuelve que mentimos. Que informamos sobre actividades y comportamientos del amigo de PPKutra, Carlos Rodríguez Pastor, de su Grupo Interbank y de su ejecutivo, Alejandro Ponce, sin tener sustento de la información impresa. Emite su resolución sin haber notificado debidamente ni a este medio ni a su Director, vulnerando así su legítimo derecho a la defensa y su legítimo derecho al debido proceso, recogidos en la Constitución del Perú. Qué vergüenza!: Vergüenza nos da el comportamiento del mismo organismo que debería garantizar la libertad de prensa, el derecho del ciudadano a estar bien informado, el derecho a que se haga justicia cuando la prensa saca a la luz informaciones sobre hechos delictivos que la justicia desconocía. El legítimo periodismo de investigación que realiza el semanario La Primera sabe que tiene sus límites en la veracidad y honestidad de sus informaciones y opiniones. Por eso, cualquier publicación en este medio ha sido debidamente contrastada y sustentada. Este sustento está siempre a disposición de cualquier entidad, (como por ejemplo el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana), siempre y cuando se solicite formalmente. Entonces y solo entonces se tendrán todos los elementos para emitir un juicio de valor o un pronunciamiento. Nadie ha notificado a La Primera ni a su Director de que se iniciaba un proceso sobre sus publicaciones. Tampoco nadie nos ha solicitado la evidencia que sustenta nuestras informaciones, evidencia que automáticamente desmontaría la acusación de que mentimos al publicarlas. El periodista y el medio impreso tienen el derecho y el deber de publicar hechos de interés público sobre la vida privada de los individuos que son altos funcionarios, individuos prominentes en la sociedad, para alertar y proteger a dicha sociedad y para que, si procede, la justicia pueda actuar. Este es el gran servicio del periodismo a la sociedad y a la justicia. Esta es la vocación de La Primera y de su Director. Por eso nos sentimos atacados, víctimas de un acto de violencia contra el medio y contra sus periodistas. Este acto de violencia está tipificado por la UNESCO: La libertad de expresión es un derecho fundamental señalado en el artículo 19.º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y las constituciones de los sistemas democráticos, también lo señalan. De ella deriva la libertad de prensa. La misma UNESCO reconoce que “la prensa juega un papel central al informar de forma contextualizada sobre los temas relevantes para la ciudadanía, al agendar en debate público las cuestiones centrales para el desarrollo y la democracia, al actuar como “perro-guardián” de los gobiernos y otros actores.