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La figura del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, señalado por corrupción, continúa en el centro de la guerra abierta entre el Gobierno de Dilma Rousseff y la Justicia, que alimenta el caos político que vive Brasil.
Lula, que asumió el jueves el Ministerio de la Presidencia en el equipo de Rousseff, ha visto en las últimas horas como diferentes tribunales le impedían ejercer el cargo, después le daban luz verde y de nuevo anulaban de forma cautelar su nombramiento.
Un laberinto judicial que mantiene al ex presidente en una suerte de "limbo" y que complica la posibilidad de que, como ministro, disfrute de la condición de aforado que le blinda ante el fuero común.
La última decisión que anula su nombramiento para la cartera de Presidencia fue adoptada por un juez de Sao Paulo, que argumentó que tanto el ex presidente como Rousseff interfirieron en la investigación de la corrupción en la petrolera Petrobras.
La designación de Lula ya había sido suspendida por dos jueces de Brasilia y Río de Janeiro el jueves, pero otros dos tribunales derribaron posteriormente esas cautelares bajo el argumento de que un acto decidido por la presidenta solo puede ser contrariado por el Tribunal Supremo.
