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En los últimos días a través de las redes sociales se acrecentaron los rumores sobre la existencia de un plan desde el Gobierno para impedir la realización de las elecciones generales programadas para el domingo 10 de abril, lo cual provocó una enorme preocupación reforzada acaso por la confusión y desconcierto que ha sido el común de este proceso electoral.
Es cierto que este proceso electoral ha sido enturbiado por una ley promulgada cuando ya la contienda estaba en marcha, una norma que, como bien ha dicho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Távara, ha sido el elemento más perturbador de estas elecciones, porque ha generado muchos problemas al sancionar con la exclusión de candidatos que entreguen dinero o dádivas durante la campaña y permite renunciar a los postulantes hasta un día antes de los comicios. Pero sería bueno reconocer también que a ello se suma ciertas incorrecciones de las autoridades electorales para aplicar el referido marco legal y actuar con la celeridad que las circunstancias lo exigen.
Reconocemos que este proceso es inédito, atípico, cargado de confusiones y desconcierto, pero de ninguna manera podemos aceptar que estemos ante una contienda fraudulenta ni que desconozcamos la legitimidad de la misma.
Quisiéramos saber a qué intereses responden, por ejemplo el excluido candidato presidencial Julio Guzmán, quien tras ser sancionado porque su partido no cumplió con el mandato de la ley, pateó el tablero y se la pasa denunciado fraude, proclamando la ilegitimidad de la contienda incluso ahora desde los Estados Unidos donde se encuentra.
No queremos pecar de mal pensados, pero hay cosas que requieren aclaración. Julio Guzmán fue tildado de ser el candidato de tapada del gobierno tras revelarse su pasado en el Ejecutivo como viceministro y secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros, además de ser vinculado al nacionalismo y ser abiertamente respaldado por la primera dama Nadine Heredia.
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha responsabilizado al gobierno de estar detrás de los ataques e insultos en su contra, y la postulante del Frente Amplio, Verónika Mendoza, también ha culpado a un sector del oficialismo de la difusión de unos correos electrónicos que datan de cuando perteneció a las filas del Partido Nacionalista y que la vinculan con las agendas de Nadine Heredia, de quien fue su asistente.
¿Acaso son meras coincidencias? No lo sabemos.
Ante el fuerte rumor del jueves último, el primer ministro, Pedro Cateriano Bellido, tuvo una rápida reacción y a través de su cuenta de Twitter respondió con un rotundo rechazo a las “bolas” y descartó la existencia de algún plan para impedir el desarrollo de las elecciones generales. Un día antes reafirmó el compromiso del Ejecutivo de realizar una transferencia de gobierno democrática y ordenada.
Saludamos el pronunciamiento de Cateriano, un gran defensor de los principios democráticos a lo largo de toda su carrera política, porque además no es la primera vez que lo hace durante este proceso electoral.
Pero sí reiteramos nuestro pedido para que el presidente Ollanta Humala garantice también públicamente y con la misma contundencia, la realización de las elecciones generales del domingo 10 de abril. Es su obligación como jefe de Estado descartar toda duda sobre la transparencia de este proceso, de manera que el pueblo peruano escuchar su mensaje en este sentido.
De no hacerlo pueden quedar algunas dudas, sobre todo por sus intervenciones anteriores que ameritaron una llama de atención por su falta de neutralidad en la contienda, y además por las constantes críticas de la primera dama Nadine Heredia contra algunos candidatos y las autoridades electorales. Por la tranquilidad del país, los peruanos queremos escucharlo señor Presidente Ollanta Humala Tasso. Hasta mañana amigos de La Primera.
