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En medio de una creciente crisis política e institucional, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, presentó su renuncia irrevocable al cargo la tarde de hoy martes.
Su dimisión se produce en un contexto de presiones intensas sobre el Ejecutivo, cuestionamientos a la gestión de la presidenta Dina Boluarte, denuncias constitucionales sin resolver y severas críticas tanto internas como internacionales.
Un gabinete asediado y sin rumbo
Adrianzén había asumido la jefatura del gabinete ministerial en febrero de 2024, tras la salida forzada de Alberto Otárola por un escándalo de contrataciones irregulares. En sus tres meses de gestión, no logró consolidar una relación funcional con el Congreso ni articular una estrategia coherente para enfrentar los conflictos sociales y la creciente desconfianza ciudadana.
Durante su permanencia, el Ejecutivo se vio envuelto en múltiples cuestionamientos: desde el manejo opaco de recursos en varios ministerios hasta la inacción ante el escándalo por las cirugías estéticas de la presidenta Boluarte, investigadas por el Ministerio Público y objeto de denuncias constitucionales que siguen congeladas en el Parlamento.
Factores que precipitaron su salida
Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indican que la renuncia de Adrianzén fue el resultado de una acumulación de presiones tanto desde el Congreso como desde el propio entorno presidencial. Diversos sectores cuestionaban su falta de liderazgo y su escasa capacidad para contener la crisis política creciente, especialmente tras el desplome de la aprobación presidencial y la presión mediática sobre el caso de las intervenciones quirúrgicas de Boluarte.
La decisión de Adrianzén también evidenciaría tensiones internas en el gabinete, donde algunos ministros habrían mostrado reservas sobre su estilo de conducción, catalogado como «tecnocrático pero aislado». Su escasa presencia en regiones y la pérdida de respaldo entre congresistas oficialistas hicieron insostenible su permanencia.
Reacción del escenario político
La renuncia ha generado reacciones inmediatas en el espectro político. Desde la oposición, legisladores como Ruth Luque y Guido Bellido han calificado el hecho como un «nuevo síntoma del colapso de gobernabilidad». En tanto, algunas bancadas de centro demandan que el próximo jefe del gabinete «tenga autonomía, capacidad de diálogo y solvencia moral».
A nivel internacional, analistas señalan que el nuevo remezón en el Ejecutivo podría agravar la percepción de inestabilidad institucional del Perú, en momentos en que organismos multilaterales ya expresaban preocupación por la falta de avances en gobernanza, derechos humanos y lucha contra la corrupción.
Sin sucesor definido y con la sombra de la vacancia
Hasta el cierre de esta edición, el Ejecutivo no había anunciado al sucesor de Adrianzén. Entre los nombres que suenan están los de exministros del entorno técnico de Boluarte y allegados al Ministerio de Justicia, aunque también se considera la posibilidad de convocar a figuras independientes para buscar un gesto de apertura.
Mientras tanto, sectores críticos del Congreso vuelven a impulsar la posibilidad de una moción de vacancia presidencial, ahora con el argumento de ingobernabilidad reiterada. Si bien la correlación de fuerzas aún no permite alcanzar los 87 votos requeridos, la tensión política crece cada día.
Un gabinete en ruinas y un liderazgo en jaque
La dimisión de Gustavo Adrianzén marca un punto de inflexión para el gobierno de Dina Boluarte. La jefa de Estado pierde a su segundo presidente del Consejo de Ministros en menos de seis meses y queda expuesta a nuevas crisis institucionales sin una figura de contención.
Mientras el país sigue demandando estabilidad, transparencia y soluciones urgentes, el Ejecutivo parece atrapado en una espiral de aislamiento político, fragilidad técnica y desconfianza ciudadana. El tiempo apremia y el margen de acción para la presidenta se reduce día a día.
