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Inicialmente, Boluarte prometió cooperar con las investigaciones de la Fiscalía. Sin embargo, tras el allanamiento de su domicilio en marzo de este año, dejó de lado esa promesa y comenzó una campaña para desacreditar las investigaciones del Ministerio Público.
En un movimiento silencioso, la jefa de Estado se unió al proceso de habeas corpus que ella misma había “desautorizado” y recientemente nombró a los abogados Domingo García Belaunde y Ernesto Blume como sus representantes legales ante el Tribunal Constitucional. Su objetivo es anular la denuncia constitucional presentada por el fiscal Juan Carlos Villena por supuesto cohecho.
Paralelamente, la defensa legal de Boluarte está intentando anular la investigación sobre las muertes en las protestas. Para lograrlo, presentaron un recurso de amparo ante el Poder Judicial. Aunque el recurso ha sido rechazado en dos instancias judiciales, todavía existe la posibilidad de que el TC tome una decisión. Se ha sabido que ya se presentó el “recurso de agravio constitucional” para que el caso sea elevado al máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional de Keiko.
