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La vida de Rosa Urbina está amenazada de muerte. Es pieza clave en la investigación por los $20 millones que le entregó Odebrecht a Alejandro Toledo, ya que le advirtió al expresidente, y su entonces ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, que la ley impedía que le entreguen la Interoceánica a la empresa brasileña.
Finalizada las declaraciones de Urbina ante la Comisión Lava Jato del Congreso, la presidenta del grupo de trabajo, Rosa Bartra, reveló que se empezaron los trámites para que la fiscalía y el Ministerio del Interior resguarden su vida.
“La señora vicecontralora ha sido amenazada de muerte”, subrayó Bartra, dejando en claro que ahora su seguridad está bajó la responsabilidad de Pablo Sánchez Velarde y Carlos Basombrio, titulares del Ministerio Público, y del Ministerio del Interior, respectivamente.
La de ayer fue la tercera vez que sobre este caso daba detalles Urbina, quien en agosto de 2004, como vicecontralora, le dejó en claro a Kuczynski como presidente del Consejo Directivo de ProInversión, que Odebrecht tenía problemas legales con el Estado peruano, y estaba impedida de contratarse con ella.
A pesar de ello, Kuczynski prefirió darle más valor al informe legal del estudio de abogados Monroy, del que hoy existen indicios que no se habrían emitido el mismo día que se utilizó para justificar la firma ese mismo día con la empresa brasileña, y que ya se sabe tenía un compromiso inicial de $35 millones con Toledo por hacerse del proyecto.
La ex funcionaria sostuvo ayer que todas esas irregularidades durante la firma del contrato con Odebrecht, se trató de subsanar con la ley 28670 que se aprobó en un solo día en el Congreso, manejado por Perú Posible, y que PPK cerró el circulo al promulgarla.
