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En un contexto de creciente inseguridad ciudadana, el Ministerio Público ha alzado la voz para denunciar la falta de recursos logísticos y financieros que limitan su capacidad de combatir eficazmente delitos como la extorsión, el sicariato y el robo agravado.
A través de redes sociales, la institución expresó su preocupación por la reducción presupuestaria, que calificó como un obstáculo crítico para la justicia en el país.
Un presupuesto insuficiente para una tarea urgente
Según el Ministerio Público, para el año 2025 solo se aprobó la quinta parte del presupuesto solicitado, lo que ha dejado a la institución sin los recursos necesarios para mantener su equipamiento actual y adquirir materiales esenciales para las acciones de peritaje. En un post publicado en sus redes sociales, la Fiscalía cuestionó:
«Aumenta el crimen, pero bajan los recursos. ¿Así cómo perseguimos a los criminales? Necesitamos más fiscales, equipos y mejores condiciones. La justicia no se improvisa: se investiga, se escucha y se protege con profesionales y equipos adecuados.»
Esta situación contrasta con los discursos de la presidenta Dina Boluarte, quien ha enfatizado la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana. Sin embargo, en la práctica, el sistema de justicia enfrenta serias limitaciones presupuestarias que dificultan su labor.
Críticas desde el Ejecutivo y el Legislativo
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, justificó la falta de asignación presupuestaria señalando que el Ministerio Público debe demostrar «eficiencia» antes de recibir más recursos.
«¿Cómo es posible que capturemos gente en flagrancia y luego que el MP los libere? La señora fiscal de la Nación me ha pedido una reunión y se la he concedido. No descarto nada, pero para otorgar presupuesto a una entidad pública se tiene que demostrar eficiencia,» afirmó Adrianzén.
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte arremetió contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, acusando al Ministerio Público de desviar recursos hacia investigaciones con tintes políticos en lugar de enfocarse en combatir el crimen organizado. Durante una sesión del Foro del Acuerdo Nacional, Boluarte declaró:
«Se están destinando grandes sumas del presupuesto estatal a investigaciones políticas, cuando deberían usarse para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.»
Denuncias de represalias y autonomía institucional
Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, criticó la reducción presupuestaria, argumentando que podría tratarse de una represalia por parte de funcionarios del Ejecutivo y Legislativo que están siendo investigados.
«Indudablemente, funcionarios a los que les causa molestia ser investigados toman represalias disminuyendo drásticamente el presupuesto que ha solicitado la Fiscalía para cumplir con su función,» señaló Cubas.
El vocero también advirtió sobre operativos policiales que resultan en detenciones arbitrarias, lo que, según él, refleja una falta de coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
Implicaciones y desafíos
La falta de recursos para el Ministerio Público no solo afecta su capacidad operativa, sino que también pone en riesgo la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. En un momento en que los índices de criminalidad están en aumento, la reducción presupuestaria plantea serias dudas sobre la prioridad que el Gobierno otorga a la lucha contra la delincuencia.
Además, la tensión entre el Ejecutivo y el Ministerio Público evidencia la necesidad de fortalecer la autonomía institucional y garantizar que las decisiones presupuestarias no estén influenciadas por intereses políticos.
La denuncia del Ministerio Público sobre la falta de recursos para combatir la delincuencia pone de manifiesto las contradicciones en las políticas de seguridad ciudadana del país. Mientras los delitos aumentan, la institución encargada de perseguir a los criminales enfrenta limitaciones que comprometen su capacidad de actuar de manera efectiva.
En este contexto, es fundamental que el Ejecutivo y el Legislativo trabajen en conjunto con el Ministerio Público para garantizar los recursos necesarios y fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Solo así se podrá avanzar hacia un sistema de justicia más eficiente y equitativo que responda a las necesidades de la población.
