El 13 de marzo el Poder Judicial evaluará el recurso que busca permitir su traslado a México tras recibir asilo político.

El Décimo Juzgado Constitucional de Lima evaluará el 13 de marzo de 2026 una demanda de hábeas corpus presentada a favor de Betssy Chávez, con el objetivo de que el Estado peruano otorgue un salvoconducto que le permita viajar a México como asilada política. La ex presidenta del Consejo de Ministros permanece en la embajada mexicana en Lima desde el 3 de noviembre de 2025, tras ser condenada por su participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Antecedentes del caso
Betssy Chávez, exjefa del gabinete durante el gobierno de Pedro Castillo, fue condenada a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, vinculado al intento de ruptura del orden constitucional ocurrido en diciembre de 2022.
Tras la sentencia judicial, Chávez ingresó a la embajada de México en Lima, donde solicitó asilo político, el cual fue concedido por el gobierno mexicano. Desde entonces permanece dentro de la sede diplomática.
Su permanencia en la embajada generó una controversia jurídica y diplomática debido a que el Estado peruano no ha otorgado el salvoconducto necesario para abandonar el país, argumentando que la exfuncionaria mantiene procesos judiciales pendientes.
La demanda de hábeas corpus
La solicitud de hábeas corpus fue presentada por el ciudadano Rubén Serpa Valdez, quien sostiene que se habrían vulnerado derechos fundamentales vinculados a la libertad personal y garantías conexas de Chávez.
El recurso fue interpuesto contra diversas instituciones del Estado, entre ellas:
- La Presidencia de la República
- La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
- El Ministerio de Relaciones Exteriores
- El Ministerio del Interior
- El Poder Judicial
Entre los pedidos planteados en la demanda también se incluye que ninguna autoridad estatal —incluyendo la Policía Nacional, el Ministerio Público o el propio Poder Judicial— pueda intervenir o ingresar por la fuerza en la embajada de México.
El Poder Judicial informó que la audiencia para evaluar el caso se realizará de manera virtual el 13 de marzo a las 10:30 a. m., mediante una sesión programada en la plataforma digital del sistema judicial.
Posición del Gobierno peruano
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha sostenido públicamente que no corresponde otorgar el salvoconducto, debido a que Chávez mantiene procesos judiciales activos vinculados al intento de golpe de Estado.
Además, tras su ingreso a la embajada mexicana, un juez decidió revocar la medida de comparecencia restringida que tenía la exfuncionaria, dictando una orden de captura inmediata, lo que complicó cualquier posibilidad de salida del país.
Impacto diplomático del caso
La situación generó una tensión diplomática entre Perú y México. El asilo concedido por el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países a finales de 2025.
Actualmente, Brasil actúa como país custodio de la embajada mexicana en Lima, representando los intereses diplomáticos de México en el territorio peruano.
Posibles escenarios
La audiencia del 13 de marzo podría definir si el Poder Judicial considera que existe una vulneración de derechos constitucionales que justifique ordenar al Estado peruano emitir el salvoconducto para la salida de Chávez hacia México.
De lo contrario, la exfuncionaria continuaría permaneciendo en la sede diplomática mexicana mientras se resuelven los procesos judiciales pendientes en su contra.
Panorama
El proceso judicial en torno al hábeas corpus de Betssy Chávez representa un nuevo capítulo en el conflicto legal y diplomático surgido tras el intento de golpe de Estado de 2022. La decisión del Poder Judicial podría tener repercusiones tanto en el ámbito jurídico interno como en la relación diplomática entre Perú y México.
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