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En el centro de la controversia se encuentra Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, quien sorprendió al sumarse a la defensa de la presidenta Dina Boluarte, argumentando que la mandataria no puede ser investigada por la Fiscalía mientras ejerza el cargo.
El reciente debate en el Tribunal Constitucional (TC) sobre la demanda competencial presentada por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial ha generado un intenso debate político y jurídico.
El Contexto de la Demanda Competencial
La demanda competencial presentada por el Ejecutivo busca delimitar las atribuciones del Ministerio Público y el Poder Judicial en relación con la investigación de un presidente en funciones. Según el artículo 117 de la Constitución, el presidente solo puede ser acusado por ciertos delitos específicos, como traición a la patria o impedir elecciones. Sin embargo, el debate radica en si esta protección implica que no pueda ser investigado por otros presuntos delitos mientras ocupa el cargo.
La Intervención de Josué Gutiérrez
Durante la audiencia en Arequipa, Josué Gutiérrez adoptó una postura que refuerza la defensa de Boluarte. Argumentó que, aunque un presidente puede ser investigado, esta facultad recae exclusivamente en el Congreso de la República y no en el Ministerio Público. Según Gutiérrez, el TC debe establecer un «precedente histórico» que aclare esta cuestión.
«Claro que se puede investigar a un presidente, ¿y quién es el encargado de hacer esa investigación? ¿Del Ministerio Público? Podríamos decir que no, (que es) del Congreso de la República, dentro de sus atribuciones y sin excepciones», afirmó Gutiérrez.
Esta postura, sin embargo, ha sido criticada por diversos sectores, que señalan que el Congreso no ha demostrado voluntad para investigar a Boluarte. Hasta la fecha, varias mociones de vacancia y solicitudes de investigación han sido archivadas, lo que refuerza la percepción de un «blindaje presidencial».
El Debate Jurídico y Político
La intervención de Gutiérrez ha reavivado el debate sobre la independencia de las instituciones y el equilibrio de poderes. Mientras que el procurador del Ejecutivo, Luis Huerta, y el abogado de Boluarte, Joseph Campos, sostienen que la presidenta tiene protección constitucional para ejercer su cargo sin interferencias, representantes del Poder Judicial y el Ministerio Público han advertido sobre los riesgos de esta interpretación.
El abogado del Poder Judicial, Jhonny Tupayachi, cuestionó la idea de blindar completamente a un presidente de cualquier diligencia investigativa, señalando que esto podría dificultar la recolección de pruebas en casos futuros. Por su parte, el procurador del Ministerio Público, Reynaldo Miranda, recordó que en 2022 se iniciaron investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo mientras estaba en funciones, lo que establece un precedente contrario a la postura defendida por Gutiérrez.
Implicaciones y Escenarios Futuros
El veredicto del TC, que se espera para mayo, tendrá implicaciones significativas para el sistema político y judicial del país. Si el fallo favorece al Ejecutivo, el Ministerio Público quedará limitado en su capacidad de investigar a Boluarte hasta que termine su mandato. Esto podría sentar un precedente que afecte futuras investigaciones contra presidentes en funciones.
Por otro lado, este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control político y judicial para garantizar que ningún funcionario público esté por encima de la ley. La controversia también resalta la importancia de la independencia de las instituciones y la transparencia en la toma de decisiones.
Conclusión
La participación de Josué Gutiérrez en la audiencia del TC ha añadido una nueva dimensión al debate sobre la demanda competencial y la protección constitucional de los presidentes en funciones. Mientras el país espera el veredicto del TC, el caso plantea preguntas fundamentales sobre el equilibrio de poderes, la rendición de cuentas y la independencia de las instituciones en el Perú.
