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El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido el amicus curiae presentado por la Defensoría del Pueblo en apoyo a Dina Boluarte, lo que refuerza la demanda competencial del Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. Este mecanismo, que permite a terceros aportar argumentos en procesos judiciales, sostiene que la presidenta solo puede ser acusada por las causales establecidas en el artículo 117 de la Constitución.
La demanda competencial, presentada en agosto de 2024, busca frenar las investigaciones abiertas contra Boluarte, quien enfrenta ocho pesquisas por presuntos delitos como homicidio, lesiones graves, cohecho y enriquecimiento ilícito. Entre los casos más destacados están el denominado Rolexgate y las muertes en manifestaciones sociales.
El TC también ha permitido que Boluarte participe activamente en el proceso, aunque sin la condición de parte procesal. Esto le otorga la posibilidad de presentar argumentos escritos y realizar intervenciones orales durante las audiencias, como la programada para este jueves 24 de abril en Arequipa. La decisión del TC podría establecer un precedente clave sobre la inmunidad presidencial y las competencias del Ministerio Público y el Poder Judicial.
