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PJ alista demanda contra la Ley de Extinción de Dominio: se presentaría en la quincena de junio
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, advirtió que la reciente Ley 32326 vulneraría principios constitucionales y debilitaría la lucha contra el crimen organizado.
En un pronunciamiento firme y cargado de argumentos técnicos, la presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello Gilardi, anunció que su institución estaría ultimando detalles para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32326, norma que modifica la actual Ley de Extinción de Dominio. De acuerdo con Tello, la decisión final se adoptará en la quincena de junio, ante la preocupación por el impacto que podría tener dicha ley en el combate a delitos como la corrupción, el narcotráfico y la minería ilegal.
“Será en las siguientes semanas. En la quincena de junio ya debe haber una decisión firme al respecto”, declaró la magistrada, anticipando un proceso constitucional que podría marcar un precedente en la defensa del sistema judicial especializado.
¿Qué cuestiona el Poder Judicial?
La Ley 32326, aprobada recientemente por el Congreso de la República, introduce modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio, el mecanismo legal que permite al Estado recuperar bienes adquiridos con dinero de actividades ilícitas sin necesidad de una condena penal previa. Desde su implementación, este sistema ha permitido la recuperación de más de 172 millones de dólares provenientes de delitos graves como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas, la corrupción y el crimen organizado.
Para Tello, las nuevas disposiciones atentan contra la naturaleza autónoma del Subsistema de Extinción de Dominio y, en consecuencia, debilitan una herramienta clave en la lucha contra la criminalidad. “Esta acción busca garantizar la coherencia constitucional y preservar un mecanismo judicial legítimo y eficaz”, subrayó.
¿La propiedad privada está en riesgo?
Uno de los argumentos esgrimidos por los defensores de la Ley 32326 es que la extinción de dominio vulnera el principio de inviolabilidad de la propiedad privada. Sin embargo, la presidenta del PJ respondió con claridad a esta crítica:
“La propiedad es inviolable cuando es adquirida dentro de los márgenes legales. Pero cuando no es así, no hay ningún derecho de propiedad que deba ser protegido, porque el sistema no persigue a la persona, sino al bien”, enfatizó.
Con ello, Tello refuerza la doctrina que distingue entre propiedad legítimamente adquirida y aquella que proviene de actividades delictivas. Esta visión ha sido compartida por organismos internacionales y fiscalías especializadas en América Latina.
¿Qué tan efectivo ha sido el sistema?
La presidenta del PJ también respaldó su posición con cifras. Según precisó, el sistema de extinción de dominio cuenta con un nivel de legitimidad consolidado:
- El 82.2% de las sentencias dictadas no han sido impugnadas.
- La herramienta ha permitido la recuperación de millones de dólares que, de otro modo, se habrían mantenido en manos de organizaciones criminales.
Este alto nivel de confirmación judicial evidencia que los procedimientos se han desarrollado dentro del marco legal y con garantías para todas las partes involucradas.
Una alerta para el sistema de justicia
Tello advirtió que la modificación legislativa genera un mensaje de debilitamiento institucional, justo en momentos en que el Poder Judicial comenzaba a recuperar la confianza de la ciudadanía.
“Este debilitamiento es una señal de desesperanza para la población que había empezado a creer en el sistema judicial”, remarcó.
Con la presentación de esta demanda ante el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial busca no solo frenar una ley considerada regresiva, sino también defender la integridad de un modelo jurídico que ha demostrado resultados tangibles en la lucha contra la impunidad.
Próximos pasos
De acuerdo con los plazos proyectados por el PJ, la demanda de inconstitucionalidad será oficializada en la quincena de junio, lo que abriría un proceso de revisión en el Tribunal Constitucional. Se espera que en dicho foro se evalúe si la Ley 32326 se ajusta a los principios de legalidad, proporcionalidad y defensa de bienes públicos consagrados en la Carta Magna.
El caso pone nuevamente en el centro del debate la tensión entre la autonomía judicial y las decisiones políticas del Congreso, en un contexto donde la lucha contra el crimen organizado exige herramientas sólidas, legítimas y eficientes.
El anuncio de Janet Tello marca una nueva etapa de tensión institucional entre el Poder Judicial y el Congreso. Lo que está en juego no es solo una ley, sino la capacidad del Estado para arrebatarle el poder económico al crimen organizado. La ciudadanía estará atenta.
