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La presidenta propuso restructurar el sistema de justicia sin presentar medidas concretas. Enfrenta procesos por enriquecimiento ilícito, homicidio y encubrimiento.
En su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte planteó una reforma estructural del sistema judicial peruano, alegando la necesidad de garantizar una justicia “accesible, igualitaria y democrática”. El anuncio se produce en un contexto complejo para la mandataria, quien actualmente es objeto de varias investigaciones fiscales por presuntos delitos que incluyen enriquecimiento ilícito, encubrimiento, omisión de funciones y homicidio.
Reformar la justicia “desde el consenso”
Durante su discurso desde el Congreso de la República, Boluarte indicó que se iniciará una búsqueda de consensos entre los poderes del Estado para llevar adelante una reforma integral del sistema judicial. “Trabajamos con fuerza para lograr los consensos necesarios que nos permitan implementar una reforma del sistema de justicia estructural”, señaló.
En esa línea, aseguró que el objetivo es consolidar “una sociedad democrática, justa y pacífica” a través del fortalecimiento institucional de los órganos judiciales. No obstante, la mandataria no presentó un proyecto concreto ni un cronograma específico para ejecutar dicha reforma.
Investigaciones fiscales en curso
El pronunciamiento ocurre mientras la presidenta es investigada por la Fiscalía de la Nación por al menos cinco casos:
- Caso Rolex: presunto enriquecimiento ilícito por la posesión de relojes de alta gama no declarados.
- Caso Cirugías: acusaciones por omisión de funciones y abandono del cargo en fechas coincidentes con intervenciones estéticas.
- Caso Cofre: presunto encubrimiento personal ante actos irregulares cometidos por funcionarios cercanos.
- Muertes en protestas: investigación por presunto homicidio y lesiones graves durante las manifestaciones de diciembre 2022 y enero 2023.
- Caso Omisión de funciones: diversas denuncias vinculadas a decisiones administrativas tomadas durante su mandato.
A pesar de ello, Boluarte insistió en que el sistema judicial necesita transformarse para garantizar su legitimidad ante la ciudadanía.
Posiciones políticas y omisiones discursivas
Durante su mensaje, que se extendió por más de cuatro horas, Boluarte evitó reiterar críticas previas que había dirigido contra el Ministerio Público, al cual había acusado semanas antes de estar “tomado por intereses subalternos”. No obstante, el discurso escrito entregado a los medios incluía fragmentos en los que se aludía a dicha ofensiva institucional.
“Compartimos el deseo de muchos peruanos de contar con un sistema de justicia que garantice la defensa de la legalidad de manera objetiva”, se leía en el texto difundido por la Presidencia. Asimismo, el documento contenía la advertencia de que “la nueva estrategia ante el fracaso de la violencia es destruir el Estado democrático desde dentro”, aunque este segmento no fue leído ante el Congreso.
Reapariciones y reacciones
El mensaje también marcó la reaparición pública de Juan Santiváñez, exministro del Interior, quien fue captado por cámaras conversando con congresistas en el hemiciclo. Su presencia fue interpretada por algunos analistas como una señal de respaldo político a la mandataria en momentos de alta tensión institucional.
En paralelo, el expresidente Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo, difundió un mensaje en el que calificó al gobierno de Boluarte como “asesino y usurpador”, cuestionando su legitimidad y el uso del aparato estatal.
Algunos congresistas opositores, como Ruth Luque (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), abandonaron el hemiciclo en señal de protesta, acusando a la presidenta de intentar distraer la atención sobre las investigaciones en su contra.
Escenarios futuros y viabilidad política
De concretarse, la reforma judicial anunciada implicaría la coordinación con el Congreso de la República, entidad que actualmente debate sus propias propuestas para modificar el funcionamiento del Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. Esta confluencia de intereses podría facilitar, aunque también politizar, cualquier intento de reestructuración.
Hasta el momento, no se han conocido proyectos legislativos oficiales respaldados por el Ejecutivo en esta materia. La implementación de una reforma estructural requeriría mayorías calificadas en el Parlamento y, posiblemente, reformas constitucionales.
Análisis final
El anuncio de la presidenta Boluarte sobre una reforma del sistema judicial llega en un momento de significativa fragilidad política e institucional. Si bien la iniciativa busca recuperar la confianza ciudadana en la justicia, su legitimidad enfrenta cuestionamientos debido a las investigaciones en curso contra la propia mandataria. La viabilidad de la reforma dependerá del respaldo político que logre articular y de la presentación de propuestas concretas que permitan un debate transparente y técnico sobre el futuro del sistema judicial peruano.
