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La norma se aprobó con respaldo del Congreso y fue rechazada por la CNDDHH y la comunidad internacional.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, promulgó este martes en Palacio de Gobierno la Ley N.º 7549, que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa procesados o investigados por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. El acto fue realizado pese a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenaba suspender la promulgación para garantizar el acceso a la justicia en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Contenido de la ley y rechazo internacional
La norma, aprobada por el Congreso el pasado 9 de julio, establece amnistía a personas mayores de 70 años por razones humanitarias y exime de responsabilidad penal a agentes del Estado involucrados en acciones durante el período de violencia interna. Organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han calificado la medida como un mecanismo de impunidad.
La Corte IDH, mediante resolución del 24 de julio, exhortó al Estado peruano a frenar la promulgación de la ley hasta que se evaluara su impacto en los casos mencionados. La presidenta de la Corte, Nancy Hernández López, recordó que el Estado peruano ya ha sido condenado por ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas.
Amnistía Internacional calificó la decisión como “una afrenta al derecho internacional”. Por su parte, Human Rights Watch advirtió que la ley promueve un retroceso en la lucha contra la impunidad en América Latina y pone en riesgo décadas de avances en verdad y reparación.
Actores políticos y figuras presentes en la ceremonia
Durante el acto de promulgación estuvieron presentes los congresistas José Cueto, Jorge Montoya (Honor y Democracia), José Williams Zapata (Avanza País) y Martha Moyano (Fuerza Popular), además del exministro Fernando Rospigliosi. También fue notoria la presencia de Juan Rivera Lazo, exintegrante del Grupo Colina y liberado en 2024, quien saludó a la mandataria durante el evento.
Rivera Lazo fue condenado por su participación en crímenes de lesa humanidad y fue excarcelado tras cumplir parte de su sentencia. Su presencia en Palacio de Gobierno ha sido considerada por analistas como una señal política sobre los alcances reales de la norma promulgada.
Reacción de organizaciones de derechos humanos
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) manifestó su enérgico rechazo a la ley, calificándola de “norma propia de regímenes autoritarios”. En un comunicado, advirtió que esta legislación deja a las víctimas y sus familias sin acceso a la verdad ni justicia, y debilita el sistema interamericano de protección de derechos humanos. También denunció intentos del Ejecutivo y el Legislativo por desvincular al Perú de la jurisdicción de la Corte IDH.
El Instituto de Defensa Legal (IDL) anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, mientras que familiares de las víctimas agrupadas en ANFASEP convocaron a una vigilia en Ayacucho para rechazar la norma.
Contexto histórico: Barrios Altos y La Cantuta
Los casos Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) están vinculados al accionar del Grupo Colina durante el gobierno de Alberto Fujimori. En el primero, 15 personas fueron ejecutadas en una vivienda del distrito de Lima; en el segundo, un profesor y nueve estudiantes fueron secuestrados, asesinados y enterrados en fosas comunes. Ambos hechos son considerados crímenes de lesa humanidad. Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por autoría mediata.
Ambos casos son emblemáticos en la jurisprudencia internacional y fueron determinantes para que la Corte IDH sentara precedentes en la región sobre la responsabilidad estatal en violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Posibles consecuencias jurídicas y diplomáticas
La desobediencia al mandato de la Corte IDH podría acarrear sanciones internacionales y afectar la imagen del Estado peruano ante organismos multilaterales. La situación podría también tensionar las relaciones con otros países miembros del sistema interamericano y complicar la participación del Perú en foros internacionales de derechos humanos.
Expertos en derecho internacional han advertido que el desacato del Perú podría motivar medidas cautelares más severas o incluso sanciones diplomáticas. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría solicitar una audiencia urgente ante la OEA para evaluar la situación institucional del país.
Escenario futuro
Se espera que la Corte IDH emita un pronunciamiento oficial en los próximos días respecto al desacato del gobierno peruano. Diversas organizaciones han anunciado que recurrirán a instancias internacionales para exigir que se restituya el derecho a la justicia de las víctimas. Mientras tanto, el Ejecutivo defiende la legalidad de la ley argumentando que busca “reconocimiento y justicia” para las fuerzas del orden.
La crisis abre un nuevo capítulo en la relación entre el Estado peruano y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con implicancias profundas para el equilibrio entre justicia, memoria y seguridad en el país.
