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Jorge Barata, el antiguo superintendente de Odebrecht en Perú, tiene la obligación de presentarse ante las autoridades dentro de un plazo máximo de 10 días. Ha sido acusado como cómplice en el delito de colusión agravada, perjudicando al Estado.
Jorge Barata deberá ponerse a disposición de las autoridades.
El Poder Judicial ha dictado 36 meses de prisión preventiva contra Jorge Barata en relación con la investigación preliminar del caso Gasoducto, que implica al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia. Aunque Jorge Barata reside en Sao Paulo, Brasil, debe presentarse ante las autoridades dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles tras la notificación a su defensa.
«Se declara fundado el pedido de prisión preventiva hecho por la Fiscal Provincial del Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Equipo Especial contra el investigado Jorge Henrique Simoes Barata, de nacionalidad brasileña», indico.
Resolución del Poder Judicial. Foto: captura
El documento señala que las autoridades deben notificar a la Policía Internacional (Interpol) para que asista en la detención de Barata, asegurando su cumplimiento con el requerimiento. Jorge Barata fue incluido en la investigación del caso Gasoducto después de que se anulara su acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público.
Dicho acuerdo, que implicaba al exsuperintendente de Odebrecht, fue cancelado por la Corte Suprema el 21 de junio, por petición del Equipo Especial, tras la negativa de Barata a declarar en el proceso contra Ollanta Humala y Nadine Heredia.
Jorge Barata tiene peligro procesal de fuga
El fiscal encargado sostuvo que Jorge Barata presenta un riesgo procesal de fuga, ya que no posee bienes en el país. Además, indicó que tiene la capacidad de viajar al extranjero, como lo demuestra su historial migratorio de viajes frecuentes fuera del país.
¿Qué es el caso Gasoducto Sur Peruano?
El caso del Gasoducto Sur es una de las investigaciones más grandes relacionadas con la empresa brasileña Odebrecht. Se alega que la compañía ofreció grandes sobornos para obtener contratos estatales en una obra inconclusa.
Este megaproyecto energético, el más ambicioso de Perú, proponía construir un gasoducto de 1,000 kilómetros para transportar gas natural desde el campo de Camisea en Cusco hasta Moquegua, cubriendo seis regiones del país y asegurando el suministro de combustible.
En junio de 2014, Odebrecht, junto con la española Enagas y la peruana Graña y Montero, obtuvo la concesión para la construcción y operación del gasoducto después de que el Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, entonces liderado por Edgard Ramírez, exconsultor de la constructora, descalificara al consorcio de las empresas GDFSuez, Sempra, Techint y TGI.
Casi un mes después, el gobierno peruano, bajo la dirección del entonces presidente Ollanta Humala Tasso, firmó un contrato de 34 años con Odebrecht, Enagás y Graña y Montero para el Gasoducto Sur Peruano, un proyecto valorado en más de 7,000 millones de dólares.
