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La tensión entre el Ministerio Público y el Congreso se agudiza tras la decisión de archivar la denuncia contra la presidenta. ¿Estamos ante una crisis institucional encubierta?
La Fiscalía de la Nación ha lanzado un duro cuestionamiento institucional contra el Congreso de la República por el archivamiento anticipado de la denuncia constitucional que involucra a la presidenta Dina Boluarte en el conocido caso Rolex. A través de su Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito, el Ministerio Público solicitó la nulidad de todo lo actuado en sede parlamentaria y demandó suspender el procedimiento hasta que Boluarte pierda su inmunidad presidencial.
La solicitud, sustentada en lo que la Fiscalía describe como “graves vicios procesales”, no solo expone un desacuerdo jurídico, sino que abre una grieta peligrosa entre dos poderes del Estado. En un contexto político ya desgastado, esta pugna agudiza las tensiones sobre los límites reales del control constitucional frente a la figura presidencial.
¿Por qué la Fiscalía pide anular el archivo?
El Ministerio Público argumenta que la Comisión Permanente actuó fuera del marco constitucional al archivar la denuncia, lo cual —según la interpretación de la Fiscalía— contradice el artículo 117 de la Constitución, que impide procesar penalmente a un presidente en funciones excepto por causas específicas.
Para la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el Congreso incurrió en un “adelanto de opinión” al no solo negarse a procesar la denuncia mientras Boluarte esté en funciones —lo cual sería jurídicamente válido—, sino descartar el caso en su totalidad, anulando de facto cualquier posibilidad de reactivarlo cuando Boluarte deje el poder.
“No se puede acusar a un presidente en funciones, pero tampoco se puede archivar una denuncia penal antes de que se permita investigarla con libertad”, advirtió Espinoza.
El caso Rolex: una trama de poder, regalos y favores
La denuncia, presentada en mayo de 2024, imputa a Dina Boluarte el presunto delito de cohecho pasivo impropio, una modalidad de corrupción en la que un funcionario público recibe beneficios personales a cambio de actos de función. La acusación sostiene que Boluarte recibió del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, tres relojes Rolex, una pulsera de lujo y unos aretes de oro con brillantes.
Estos regalos, según la hipótesis fiscal, no fueron simples atenciones, sino instrumentos de influencia para favorecer al Gobierno Regional de Ayacucho mediante decretos ejecutivos y decisiones administrativas clave. Es decir, una relación directa entre obsequios y favores políticos, lo que constituiría una clara violación al principio de imparcialidad en el ejercicio del poder.
¿Qué dice la Constitución y por qué hay una interpretación dividida?
El artículo 117 de la Constitución del Perú establece que un presidente solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso ilegalmente o evitar que el Congreso funcione. La denuncia contra Boluarte, al estar basada en cohecho pasivo, no encaja en ninguno de esos supuestos.
Pero lo que ha generado controversia es la forma en que el Congreso archivó el caso. En vez de mantenerlo en custodia hasta que cesara la inmunidad presidencial, optaron por cerrarlo, generando la sospecha de que se está blindando políticamente a la presidenta.
Una pugna institucional: ¿quién tiene la última palabra?
El conflicto actual evidencia una disputa de competencias entre el Ministerio Público y el Congreso, pero también revela una peligrosa normalización de la impunidad presidencial. Si el Congreso no reconsidera su decisión, se corre el riesgo de sentar un precedente en el que las investigaciones se eliminan antes de tiempo, vulnerando el principio de tutela efectiva de la justicia.
Además, refleja el uso político del artículo 117, que en lugar de proteger la estabilidad institucional, termina bloqueando cualquier mecanismo de rendición de cuentas mientras una presidenta se mantenga en funciones.
Implicancias políticas: ¿quién protege a quién?
La narrativa pública en torno a este caso no es menor. Un 37% de los peruanos, según el IEP, considera que Keiko Fujimori es la figura más influyente sobre Dina Boluarte. A esto se suma el apoyo visible de otras figuras como César Acuña o Rafael López Aliaga. El archivo de la denuncia podría interpretarse no solo como una acción jurídica, sino como una muestra de los pactos políticos que sostienen al Ejecutivo dentro de un Congreso fragmentado y oportunista.
Boluarte no solo enfrenta críticas por la gestión de su gobierno, sino por la imagen de dependencia política que proyecta. El caso Rolex ha reactivado el debate sobre su independencia, su entorno y su credibilidad institucional.
¿Qué sigue ahora?
El Congreso deberá responder formalmente al pedido de nulidad presentado por la Fiscalía. Si decide rechazarlo, es probable que el caso escale a niveles mayores, ya sea a través de un recurso constitucional o presión política ciudadana. Si acepta, se reabriría un expediente que podría tener consecuencias legales serias para la presidenta en el futuro.
Por ahora, la incertidumbre reina. Pero lo que queda claro es que el caso Rolex no está cerrado, ni jurídica ni políticamente. La Fiscalía ha encendido la mecha. El Congreso, y la historia, tendrán que decidir si se apaga o estalla.
