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La investigación por la muerte de Eduardo Ruiz permanece paralizada por una contienda de competencia entre fiscalías, mientras familiares y colectivos mantienen actos de memoria y denuncian que la Municipalidad de Lima intenta borrar murales en su homenaje.
A un mes de la muerte del joven artista Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, conocido como “Trvko”, ocurrida el 15 de octubre durante una jornada de protesta en el Centro de Lima, la investigación fiscal no registra actos sustanciales de avance. El caso, que involucra como presunto autor de los disparos al suboficial Luis Magallanes Gaviria de la Policía Nacional del Perú (PNP), se encuentra detenido por una contienda de competencia entre la Tercera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y una Fiscalía Penal Común, mientras la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y Terrorismo define qué despacho debe asumir la carpeta. En paralelo, familiares, amigos y colectivos realizan vigilias y murales en memoria de Trvko, en contraste con operativos municipales para borrar estas intervenciones en el espacio público.
Antecedentes del caso y situación actual de la investigación
El 15 de octubre, Eduardo Ruiz participaba en una movilización cuando recibió un disparo atribuida al suboficial Luis Magallanes, hecho en el que también resultó herido Renato Ríos, amigo de la víctima. Ruiz falleció esa misma noche.
La investigación fue asumida inicialmente por la Tercera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, a cargo del fiscal Roger Yana Yanqui. Sin embargo, el magistrado solicitó inhibirse y planteó que una fiscalía penal común asumiera el caso, al considerar que la muerte no formaría parte de una política institucional de violación de derechos humanos.
La Fiscalía Penal Común rechazó la derivación y devolvió la carpeta, argumentando que sí se trataría de “graves violaciones de derechos humanos” y que, en consecuencia, la competencia correspondía al fuero especializado. Ello generó una contienda de competencia negativa, que mantiene el expediente detenido a la espera de la decisión de la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y Terrorismo.
De acuerdo con las defensas de la familia Ruiz y de Renato Ríos, en este periodo no se han tomado declaraciones ni realizado diligencias sustanciales adicionales a las primeras actuaciones, por lo que el caso permanece prácticamente estancado.
Decisiones fiscales, fragmentación del expediente y rol de la Policía
La defensa de la familia Ruiz, representada por el abogado Julio Arbizu, sostiene que las diligencias iniciales y los primeros peritajes apuntan a que la muerte de Trvko se produjo en el contexto de un plan operativo policial. Ello, señalan, implicaría responsabilidades no solo del suboficial Magallanes, sino eventualmente de mandos y autoridades que ordenaron o conocieron el operativo.
En este escenario, el fiscal Yana decidió separar la investigación de la lesión sufrida por Renato Ríos y abrir una carpeta distinta, alegando “celeridad procesal”. Ríos fue herido por una segunda bala atribuida al mismo suboficial.
El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), cuestiona el criterio de fragmentar el caso: “En derechos humanos, fragmentar descontextualiza y debilita la prueba”, ha señalado. A su juicio, si el argumento fuera estrictamente la celeridad, se deberían haber abierto múltiples carpetas adicionales por cada persona afectada.
Tras la separación, el propio Yana reconoció que los hechos constituirían violaciones de derechos humanos y que el 15 de octubre existieron “planes y operaciones policiales” en ejecución. No obstante, dispuso que la División de Homicidios de la PNP se encargara de la investigación preliminar, invocando una sentencia del Tribunal Constitucional.
Rivera sostiene que esta decisión se aparta de la práctica seguida en los últimos años en casos de derechos humanos, donde las investigaciones recaen principalmente en el Ministerio Público y sus equipos forenses especializados, a fin de resguardar la independencia frente a las instituciones involucradas.
Tanto la defensa de Ríos como la de la familia Ruiz han expresado preocupación porque la PNP investigue a un agente propio, especialmente tomando en cuenta que el comandante general de la Policía llegó a referirse públicamente al suboficial Magallanes como “héroe”.
Exigencias de la defensa y debate sobre la competencia
El abogado Julio Arbizu afirma que, mientras la contienda de competencia no se resuelva, no es posible avanzar en nuevas diligencias. Por ello, exige que la Fiscalía Superior defina con prontitud qué despacho debe asumir la investigación y plantea que el caso retorne al fuero de Derechos Humanos.
Según su posición, la muerte de Trvko debe investigarse como un caso de violación de derechos humanos en el marco de un operativo policial, con una mirada estructural sobre eventuales responsabilidades de mando y decisiones operativas. Arbizu cuestiona también la incongruencia que, a su juicio, supone que la lesión de Renato Ríos esté en fuero especializado, mientras el fallecimiento de Ruiz fue derivado al fuero común.
En paralelo, recuerda que el suboficial Magallanes se encuentra bajo comparecencia con restricciones, con un recurso de apelación pendiente.
Comparación con el precedente de Inti Sotelo y Bryan Pintado
Las organizaciones de derechos humanos han comparado el manejo del caso de Trvko con las investigaciones por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado en 2020. En ese entonces, el fiscal Yony Soto dispuso que la investigación fuera conducida directamente por el Ministerio Público, sin intervención de la PNP en las pericias, incluidas las balísticas, que quedaron a cargo del Equipo Forense Especial del Instituto de Medicina Legal.
Ese estándar, según Carlos Rivera, permitió fortalecer la imparcialidad de la investigación y fijó una metodología para casos de presuntas violaciones de derechos humanos en contextos de protesta. La actual decisión de derivar la pesquisa a la División de Homicidios de la PNP es considerada por la defensa como un retroceso frente a ese precedente, aunque la valoración jurídica final corresponderá a las instancias competentes.
Memoria en las calles: vigilias, murales y su borrado
Mientras la carpeta fiscal se mantiene detenida, las expresiones de memoria en torno a Trvko se han multiplicado en diferentes puntos de Lima y del exterior.
El 15 de noviembre, al cumplirse un mes de la muerte de Eduardo Ruiz, su padre Roger Ruiz y su familia participaron en una misa y luego asistieron a una jornada conmemorativa en la Plaza de Armas de San Martín de Porres, organizada por amigos y colectivos. Hubo presentaciones musicales, pintura en vivo, lecturas y actividades para niños, además de la exhibición de fotografías y material sobre la vida y obra del joven rapero.
La noche previa, grupos de jóvenes pintaron el rostro y el nombre de Trvko en muros de Plaza Francia y otros espacios. De acuerdo con los testimonios recogidos, al día siguiente la Municipalidad de Lima desplegó cuadrillas en el Centro Histórico para borrar murales y retirar pancartas, incluyendo las alusivas a Trvko. La comuna difundió imágenes del operativo señalando que se trataba de acciones para “restaurar” el área tras las movilizaciones.
En otros distritos, como San Martín de Porres, familiares relatan que han encontrado nuevos murales elaborados por artistas locales en homenaje a Eduardo Ruiz. Desde Tacna, el artista urbano Die Ca$h prepara también un mural alusivo al joven, a quien conoció en presentaciones anteriores, mientras que en países como Francia y España colectivos de peruanos han replicado intervenciones gráficas con mensajes como “Trvko vive ahora y siempre”.
Estas expresiones se han convertido en el principal espacio de memoria pública mientras la investigación formal no registra avances.
Impacto en víctimas y testigos
Además del impacto en la familia de Eduardo Ruiz, la situación procesal también afecta a Renato Ríos, herido en la misma intervención policial. Una esquirla de bala en la mano derecha le impide, hasta la fecha, cerrar por completo el puño, según ha indicado su entorno.
Ríos es considerado testigo clave de los hechos del 15 de octubre. Su testimonio y las imágenes difundidas en medios han sido incorporados a las carpetas fiscales abiertas. No obstante, la separación de su caso en un expediente distinto y su radicación en una fiscalía de Derechos Humanos mientras la muerte de Trvko permanece en disputa de competencia, generan una situación procesal fragmentada.
Próximas decisiones y escenarios posibles
En lo inmediato, el desarrollo del caso depende de:
- Resolución de la contienda de competencia
La Tercera Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y Terrorismo deberá decidir si el caso corresponde a la Fiscalía de Derechos Humanos o al fuero penal común, lo que definirá el marco jurídico aplicable y la línea de investigación. - Definición del órgano investigador
Si la causa se radica en Derechos Humanos, quedará por establecer si las diligencias preliminares las mantendrá la División de Homicidios de la PNP o si se aplicará un esquema más cercano al seguido en el caso de Inti y Bryan, con protagonismo de equipos forenses del Ministerio Público. - Reanudación de actos de investigación
Una vez resuelta la competencia, se espera la toma de declaraciones a testigos, la consolidación de peritajes balísticos y de criminalística, y la revisión de videos y registros del operativo policial del 15 de octubre. - Control de medidas contra el suboficial Magallanes
El Poder Judicial deberá pronunciarse sobre el recurso pendiente vinculado a la comparecencia con restricciones que pesa sobre el agente, lo que podría modificar o ratificar la situación legal del policía mientras avanza la investigación.
Panorama
A un mes de la muerte de Eduardo “Trvko” Ruiz, el caso se mantiene paralizado en la Fiscalía, sin nuevos actos de investigación mientras se resuelve una contienda de competencia entre despachos especializados y penales comunes. En las calles, en cambio, la memoria se expresa a través de vigilias, murales y homenajes en Lima, otras regiones y el extranjero. El desenlace inmediato dependerá de la decisión de la Fiscalía Superior sobre quién asumirá la investigación y bajo qué enfoque —derechos humanos o fuero común— se reconstruirán los hechos del 15 de octubre y se determinarán eventuales responsabilidades penales.
