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A más de dos meses de la muerte del rapero Trvko durante una protesta en Lima, la investigación fiscal sigue sin avances sustantivos y quedó bajo decisión de la fiscalía suprema penal de Patricia Benavides, figura cuestionada del Ministerio Público.
La investigación por la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, conocido artísticamente como Trvko, permanece sin un despacho fiscal que impulse diligencias clave; tras una serie de derivaciones entre fiscalías especializadas en Derechos Humanos, penales comunes y equipos especiales, el expediente fue elevado a una fiscalía suprema penal, donde la definición de competencia recae en Patricia Benavides, mientras organismos de derechos humanos, una congresista y la familia advierten dilaciones prolongadas y riesgo de impunidad.
Antecedentes y contexto del hecho
Ruiz Sanz murió en octubre de 2025 tras recibir un disparo durante una protesta en el centro de Lima, en un contexto que reabrió el debate sobre el uso de la fuerza policial en manifestaciones sociales. De acuerdo con información policial y fiscal difundida por medios nacionales e internacionales, el disparo fue atribuido al suboficial de tercera Luis Magallanes, identificación que incrementó la presión pública para una investigación rápida y especializada.
Desde el inicio, el caso quedó marcado por una disputa institucional: si debía ser investigado como una posible violación de derechos humanos —por haberse producido en el marco de una protesta— o como un hecho penal común. Esa discusión de competencia, lejos de resolverse, derivó en una secuencia de inhibiciones y devoluciones del expediente.
Derivaciones fiscales y llegada al nivel supremo
El expediente pasó inicialmente por una fiscalía especializada en Derechos Humanos, luego fue remitido a una fiscalía penal común y, posteriormente, se intentó su traslado al Equipo Fiscal de Casos con Víctimas en Protestas (Eficavip), creado en 2023 durante la gestión de Patricia Benavides en el Ministerio Público.
Sin embargo, Eficavip rechazó asumir el caso al señalar que su competencia se limita a hechos ocurridos en 2022 y 2023. Esa negativa dejó el expediente sin un despacho definido y motivó que la controversia de competencia sea elevada al nivel supremo.
Como resultado, el caso quedó en manos de una fiscalía suprema penal, cuya conducción y decisiones están con Patricia Benavides, exfiscal de la Nación y figura central de controversias públicas en el sistema de justicia peruano.
Declaraciones y posturas de actores relevantes
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha advertido que el traslado reiterado del expediente ha significado “tiempo perdido” para la investigación y ha alertado sobre un “inminente riesgo de impunidad”, según declaraciones de su secretaria ejecutiva, Tania Pariona.
La congresista Ruth Luque ha calificado el recorrido del caso como una “dilación evidente” y ha señalado que, a más de dos meses de los hechos, no existe un fiscal claramente responsable de la investigación. También ha planteado la necesidad de que se exijan informes y se defina la competencia en un plazo razonable.
La familia de Ruiz Sanz ha insistido en que existen pruebas disponibles —videos, testigos presenciales y elementos balísticos— que no han sido procesadas de manera integral y ha cuestionado que el expediente haya escalado a una instancia suprema sin que se ejecuten diligencias básicas.
Implicancias institucionales y judiciales
El arribo del caso a una fiscalía suprema penal bajo un liderazgo controvertido introduce un nuevo nivel de escrutinio público. Para organizaciones de derechos humanos y sectores políticos, no se trata solo de un debate técnico, sino de un indicador del estado del Ministerio Público frente a investigaciones sensibles que involucran a agentes del Estado.
La figura de Patricia Benavides, asociada a decisiones cuestionadas y a un período de alta conflictividad institucional, aparece ahora en la definición final sobre quién investiga la muerte de un manifestante, lo que ha intensificado las preocupaciones sobre independencia, transparencia y voluntad real de esclarecimiento.
Próximos escenarios
La decisión que adopte la fiscalía suprema será determinante: puede devolver el caso a una fiscalía especializada en Derechos Humanos o consolidarlo en el fuero penal común. De esa definición dependerá el enfoque de la investigación, el tipo de diligencias que se ordenen y la velocidad con la que se avance.
Mientras tanto, la familia y organizaciones civiles no descartan activar mecanismos de control, solicitudes formales y acciones legales adicionales si la indefinición persiste.
Panorama
A más de dos meses de la muerte de Trvko, el caso permanece sin una conducción fiscal clara y ahora depende de una decisión a nivel supremo del Ministerio Público, en el despacho de Patricia Benavides. La definición de competencia y la activación de diligencias pendientes se han convertido en el punto crítico para evitar que el expediente quede atrapado en una dinámica de dilación institucional sin esclarecimiento judicial.
