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El Tribunal Constitucional incorporó al Defensor del Pueblo en el proceso presentado por Daniel Urresti. La medida, no vinculante, vuelve a poner en discusión el alcance del control constitucional frente a una sentencia penal ejecutoriada.
El Tribunal Constitucional (TC) resolvió incorporar al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, como amicus curiae en el hábeas corpus presentado por Daniel Urresti, condenado a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. La decisión, adoptada en sesión del Pleno, permite que la Defensoría presente una opinión técnica no vinculante para contribuir al análisis de los magistrados, sin convertirse en parte procesal ni implicar respaldo a alguna de las posiciones.
Qué decidió el TC y qué implica la figura del amicus curiae
En el auto emitido por el TC, el colegiado desarrolló el marco que sustenta la intervención del amicus curiae en procesos constitucionales, figura prevista en el artículo V del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional. Según el Tribunal, esta modalidad permite sumar aportes especializados cuando la controversia lo amerita, siempre que no exista interés directo en el resultado del proceso.
El TC precisó que la participación del Defensor del Pueblo no otorga derechos procesales equivalentes a los de las partes, ni altera la estructura del litigio. En esa línea, subrayó que el informe que presente la Defensoría tendrá carácter ilustrativo y no será vinculante para la decisión final.
La incorporación se produjo tras una solicitud presentada por el propio titular de la Defensoría, luego de que la defensa de Urresti planteara su intervención.
El hábeas corpus de Urresti: el foco en derechos fundamentales, no en hechos probados
El hábeas corpus presentado por Daniel Urresti cuestiona la sentencia penal que lo condenó, bajo el argumento de presuntas vulneraciones de derechos constitucionales ocurridas durante el proceso judicial. En este tipo de demandas, el debate ante el TC se centra en la eventual afectación de garantías fundamentales —como el debido proceso y el derecho de defensa—, más que en una nueva valoración de los hechos ya establecidos por la justicia penal.
El expediente seguirá su curso dentro de las reglas del proceso constitucional, en el que el Tribunal deberá determinar si existieron vulneraciones con entidad suficiente para justificar una tutela constitucional.
El caso Hugo Bustíos: un proceso marcado por décadas de trayectoria judicial
El caso está vinculado al asesinato del periodista y corresponsal de Caretas Hugo Bustíos, ocurrido el 24 de noviembre de 1988 en Ayacucho, en el contexto del conflicto armado interno. Bustíos investigaba presuntas ejecuciones extrajudiciales y abusos atribuidos a agentes del Estado cuando fue atacado en una vía rural. En el hecho también resultó herido el periodista Eduardo Rojas, quien sobrevivió y brindó testimonio.
Las investigaciones establecieron que el crimen fue ejecutado por una patrulla militar del Ejército Peruano. El proceso atravesó etapas de paralización y reapertura hasta la emisión de una sentencia condenatoria que impuso a Urresti una pena de 12 años en abril de 2023, conforme a lo consignado en el reporte del caso.
Lectura institucional: el precedente que podría abrirse
Aunque el TC remarcó que la admisión del Defensor del Pueblo responde a una evaluación específica y no fija un criterio automático para otros casos, la decisión introduce un antecedente operativo: la posibilidad de que una autoridad constitucional autónoma intervenga como amicus curiae en procesos destinados a revisar sentencias penales firmes.
En términos institucionales, el caso vuelve a colocar en discusión dos planos que suelen tensionarse en el control constitucional:
- La tutela reforzada de derechos fundamentales, que admite revisar eventuales vulneraciones incluso en escenarios de decisiones ya ejecutoriadas, si se acredita una afectación constitucional relevante.
- La estabilidad del sistema penal y la cosa juzgada, entendida como un principio clave de seguridad jurídica que limita la reapertura de decisiones firmes salvo supuestos excepcionales.
La controversia se amplifica por tratarse de un caso de alta sensibilidad pública: una condena por el asesinato de un periodista en el marco del conflicto armado interno, escenario en el que la discusión sobre estándares de justicia y garantías procesales suele adquirir especial relevancia.
Derechos humanos vs. control constitucional: dónde se ubica el debate
La admisión del Defensor del Pueblo como amicus curiae vuelve a poner en tensión dos lógicas que coexisten en la justicia constitucional.
Por un lado, desde la perspectiva de derechos humanos, la revisión constitucional se concibe como una vía excepcional para corregir vulneraciones graves del debido proceso. Bajo ese marco, una intervención técnica podría contribuir a precisar estándares y reforzar la calidad del análisis constitucional.
Por otro lado, desde la lógica del control constitucional como garante de estabilidad jurídica, el desafío es evitar que el hábeas corpus se convierta en un canal de revisión sustitutiva del juicio penal. En ese equilibrio, el TC deberá delimitar con claridad el alcance de su examen, especialmente al tratarse de una sentencia firme.
Qué viene ahora
El proceso continuará con la evaluación del hábeas corpus por parte del Tribunal Constitucional y la eventual presentación del informe técnico de la Defensoría. La decisión final dependerá de si el TC identifica —o no— vulneraciones constitucionales determinantes durante el proceso penal.
Más allá del desenlace del caso, el expediente queda instalado como un punto de referencia sobre el uso del amicus curiae en procesos constitucionales que cuestionan condenas firmes, y sobre el rol que pueden asumir instituciones autónomas en ese tipo de controversias.
Panorama
La incorporación del Defensor del Pueblo como amicus curiae en el hábeas corpus de Daniel Urresti añade un insumo técnico a un expediente de alto interés público. En paralelo, la decisión reactiva el debate sobre el alcance del control constitucional frente a sentencias penales firmes, en un caso emblemático por la gravedad del delito y su contexto histórico.
