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El Poder Judicial confirmó el fallo que ordena al candidato de APP cumplir con una pensión mensual, en un proceso marcado por denuncias previas de violencia familiar formuladas por su expareja.
El Poder Judicial ratificó una sentencia que obliga a César Acuña Peralta, candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), a pagar una pensión de alimentos para el hijo menor que tuvo con Jenny Gutiérrez Vaisman. La resolución, confirmada en segunda instancia por el 17.º Juzgado de Familia de Lima, cerró la vía de apelación presentada por Acuña y consolidó una obligación legal que el propio postulante reconoce en su Hoja de Vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El caso adquiere relevancia pública por el contexto electoral y por la coexistencia de denuncias policiales previas por presunta violencia familiar, hoy archivadas según la defensa del candidato.
Antecedentes y contexto del fallo
La sentencia ratificada ordena a Acuña “prestar en forma mensual y adelantada” los recursos necesarios para la manutención del menor. El proceso fue iniciado por Gutiérrez Vaisman luego de no alcanzar un acuerdo extrajudicial. Aunque el candidato declaró ingresos anuales de S/ 9,8 millones en su Hoja de Vida, apeló el fallo de primera instancia, recurso que finalmente fue desestimado, confirmándose la obligación.
La resolución judicial coincide con el período de inscripción y revisión de candidaturas para las elecciones generales de 2026, lo que explica su impacto político. La normativa electoral exige consignar sentencias firmes en la Hoja de Vida; Acuña incluyó la obligación, aunque no detalló que el proceso convivió con denuncias por violencia familiar.
Denuncias policiales y situación procesal
Entre 2018 y 2020, Gutiérrez Vaisman presentó cuatro denuncias policiales contra Acuña por presuntos episodios de violencia familiar. Los partes describen incidentes ocurridos en espacios públicos y privados, algunos en presencia del menor, y refieren medidas de protección dictadas por un juzgado de familia.
Según la defensa de Acuña, a cargo del abogado Elio Riera Garro, todas las investigaciones penales fueron archivadas. Riera precisó que los procesos de violencia familiar suelen iniciar con medidas cautelares mientras se investiga, y que el archivo penal implica la inexistencia de responsabilidad penal acreditada. Añadió que restaría la actualización de registros en sistemas administrativos.
Ni Gutiérrez Vaisman ni su abogado respondieron a solicitudes de declaración al cierre de esta edición.
Voces especializadas y alcances legales
Consultadas por este medio, abogadas especialistas en Derecho de Familia señalaron que la judicialización de alimentos suele reflejar incumplimientos previos del obligado, independientemente de su capacidad económica. Indicaron, además, que una sentencia confirmada mantiene las mismas condiciones fijadas en primera instancia y que tres incumplimientos pueden derivar en un proceso penal por desobediencia a la autoridad, con remisión de actuados al Ministerio Público.
Sobre las denuncias de violencia familiar, explicaron que la reiteración de hechos puede acarrear reglas de conducta y medidas para prevenir nuevas agresiones; su incumplimiento genera consecuencias legales adicionales, aun cuando existan archivos penales previos, dependiendo de la naturaleza de cada caso.
Implicancias políticas y sociales
El caso impacta en el debate público por tratarse de un candidato presidencial y por la sensibilidad social del cumplimiento de obligaciones alimentarias y la protección de menores. Desde el punto de vista electoral, la consignación de la sentencia cumple con la exigencia formal; desde el plano político, reabre el escrutinio sobre conducta privada y responsabilidad pública de los aspirantes.
En términos sociales, especialistas subrayan que la confirmación del fallo refuerza el principio de que la obligación alimentaria es irrenunciable y exigible con independencia del estatus económico o político del obligado.
Próximos pasos y escenarios
En adelante, el cumplimiento de la pensión será exigible de forma regular. De producirse incumplimientos reiterados, podrían activarse mecanismos coercitivos y eventuales acciones penales. En el ámbito electoral, el JNE evaluará el cumplimiento de las declaraciones exigidas, mientras el proceso judicial de alimentos queda concluido en lo sustancial tras la confirmación del fallo.
Panorama
La confirmación judicial que obliga a César Acuña a pagar alimentos a su menor hijo zanja un litigio familiar con consecuencias legales claras y proyección pública en plena coyuntura electoral. Aunque las denuncias por violencia familiar citadas en el proceso fueron archivadas penalmente, el caso subraya la exigibilidad de las obligaciones parentales y mantiene abierto el escrutinio ciudadano sobre la conducta de quienes buscan gobernar el país.
