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Así lo señaló el presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
La sentencia contra el presidente Martín Vizcarra por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua debe darse el próximo año, señaló hoy el presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, César Sahuanay.
“Entiendo que la sentencia debe el próximo año por la cantidad de procesados”, indicó.
Martín Vizcarra es procesado por el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada por el presunto delito de cohecho pasivo propio y enfrenta un juicio oral por acciones durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. La Fiscalía solicita una condena de 15 años en su contra.
Sahuanay, asimismo, indicó que la sentencia contra el expresidente Ollanta Humala, procesado por aportes a sus campañas presidenciales, estaba prevista para este mes, pero debido a que se incorporó nuevos elementos de prueba, todavía continúa.
“Tenemos una sentencia ad portas, los primeros meses (del próximo año) debe sentenciarse el caso de Ollanta Humala, están en los alegatos finales”, aseveró en RPP al dar a conocer un balance de su gestión.
Destacó como una de las acciones importantes la sentencia emitida contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso Odebrecht, en el cual fue encontrado responsable de presuntos actos de corrupción y sentenciado a 20 años de prisión.
Sostuvo que los casos sobre presuntos actos de corrupción del caso Lava Jato llegaron con requerimiento acusatorio al Poder Judicial a partir del año 2023 y 2024, antes de ellos han permanecido en investigación a cargo del Ministerio Público.
Cambios en materia penal
Respecto a las modificaciones en el Congreso a temas como crimen organizado, detención preliminar y otros que merecieron un pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Suprema, Sahuanay dijo que suscribe la posición asumida por los jueces supremos.
“Las leyes tiene dos idas y vueltas concretas, dan una ley y luego retroceden, eso es una evidencia, como dicen los jueces supremos, que es un pedido razonable amigable para tender los puentes de la colaboración, no es posible que la ley se dé únicamente con el Congreso excluyendo a entidades y otros”, apuntó.
Respecto a la decisión el Tribunal Constitucional que ordenó hacer público la sentencia de colaboración eficaz firmado con la empresa Odebrecht, sostuvo que en temas constitucionales este organismo ha emitido un tema el ámbito de su competencia constitucional y como jueces corresponde acatar.
En el caso de la discusión sobre la pena de muerte, sostuvo que no se puede retroceder en esta discusión y que si bien hay ciertos países que pueden salir de los pactos internacionales, es una decisión soberana del país.
