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APP aliados inquebrantables a pesar de amplio rechazo nacional
Alianza para el Progreso (APP) actúa como soporte clave del actual gobierno de Dina Boluarte y desempeña un rol esencial en el Congreso, a pesar del considerable rechazo público hacia ambas instituciones. César Acuña colabora estrechamente con el Ejecutivo y los legisladores de su partido siguen la línea del grupo predominante en el Parlamento.
Con Boluarte al frente del país, la influencia de Acuña se ha incrementado. En 2022, durante la administración de Pedro Castillo, era considerado uno de los peruanos más poderosos por influyentes del país, con un 17% de menciones según la Encuesta del Poder de Ipsos. En 2023, su posición subió al quinto lugar con un 40%, la encuesta correspondiente lo indica así.
Dentro de los ministerios, varios miembros de APP han obtenido cargos gubernamentales, incluido César Vásquez, leal a Acuña, como ministro de Salud desde hace más de un año, además de Luis Iberico, asesor parlamentario de Acuña y expresidente del Congreso, nombrado embajador de Perú en España.
En el Congreso, APP lidera bajo la gestión de Alejandro Soto, quien busca ser reelecto pese a los cuestionamientos. Se ha sugerido como posible candidato a José Elías Ávalos, recientemente afiliado al partido.
La actual cooperación entre APP y el fujimorismo se evidencia en la Mesa Directiva del Parlamento, donde Fuerza Popular posee la primera vicepresidencia, mostrando al grupo de Acuña como aliado de esta facción política.
El APP ha respaldado distintas iniciativas legales y movimientos polémicos del Congreso, reflejando su alineación tanto con el Gobierno como con el bloque dominante en el parlamento.
Recientemente, apoyaron leyes controvertidas como la posibilidad de que Boluarte dirija asuntos nacionales desde fuera del país y una normativa que podría permitir la prescripción de crímenes de lesa humanidad antes de 2002.
También respaldaron otras legislaciones polémicas como la supresión de movimientos regionales y la oposición a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, puntos esenciales en las reformas electorales. Además, fueron partidarios de la ley que reduce la eficacia de los acuerdos de colaboración eficaz y del rápido nombramiento de jueces al Tribunal Constitucional, evidenciando así el peso político de APP.
