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Keiko Fujimori presenta recurso ante su ‘Tribunal Constitucional’ ordenandoles la anulación del juicio
El habeas corpus de Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, llegó al Tribunal Constitucional a comienzos de julio, después de que fuera rechazado en dos ocasiones por el Poder Judicial.
Keiko Fujimori ha solicitado formalmente al Tribunal Constitucional la nulidad del juicio oral relativo al caso Cócteles y el archivo del proceso penal relacionado con cargos de lavado de dinero, pertenencia a organización criminal, entre otros delitos, por los cuales la fiscalía solicita una pena de 30 años y 10 meses de cárcel.
La abogada Giulliana Loza presentó un recurso de agravio constitucional en contra de la decisión de segunda instancia que declaró sin lugar el habeas corpus a favor de Fujimori Higuchi. La Sala Tercera de lo Constitucional en Lima aceptó dicho recurso a finales de junio y ordenó que los documentos sean elevados al Tribunal Constitucional, llegando oficialmente allí a principios de julio.
El objetivo del habeas corpus es lograr que se declaren inválidos y sin efecto legal tres dictámenes del juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, incluyendo el auto de enjuiciamiento y las resoluciones que desestimaron las solicitudes para archivar los cargos por lavado de activos y organización criminal, que según la defensa de Fujimori, no constituyen actividades ilícitas.
El argumento central del habeas corpus plantea que los hechos (supuestos aportes ilegítimos a las campañas presidenciales de 2011 y 2016) bajo los cuales se acusa a Fujimori Higuchi no eran considerados delitos conforme al Código Penal en el momento en que ocurrieron. La defensa de la ex-candidata sostiene que se le está acusando bajo el delito de financiación ilegal de partidos políticos, falta que fue agregada al código penal recientemente en 2019.
Este asunto fue objeto de análisis por la máxima instancia judicial. En el año 2022, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema determinó, al revisar un caso de Ollanta Humala, que los fondos de campaña podrían ser considerados lavado de activos si en el juicio se establece que provienen de fuentes ilícitas.
