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El caso gira en torno al pase al retiro de altos mandos de la PNP en 2020. También quedaron expuestos sus exministros José Elice y Rubén Vargas. La medida marca un precedente sobre la responsabilidad penal de los presidentes transitorios.
En una decisión que podría redefinir el alcance del fuero presidencial en regímenes transitorios, el Congreso de la República oficializó el levantamiento del fuero parlamentario contra el expresidente Francisco Sagasti Hochhausler, habilitando al Ministerio Público para que lo investigue por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, vinculado a su rol como jefe de Estado durante los convulsos meses de noviembre y diciembre de 2020.
La medida, plasmada en la Resolución Legislativa 010-2024-2025-CR, fue publicada en El Peruano con las firmas del presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, y la primera vicepresidenta, Patricia Juárez. Según se argumenta, Sagasti habría ordenado el pase al retiro de altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) de forma inconstitucional, tras asumir la presidencia de transición.
“Se declara haber lugar a la formación de causa penal contra el señor Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, en su condición de expresidente del Congreso y exjefe de Estado, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad”, indica la resolución.
El caso: decisiones en contexto de crisis institucional
La raíz del caso se encuentra en los hechos ocurridos tras la renuncia de Manuel Merino a la presidencia, en noviembre de 2020, luego de una ola de protestas a nivel nacional y la muerte de dos jóvenes manifestantes. En medio de esa crisis política, Sagasti asumió la presidencia como figura de consenso en el Congreso, con el encargo de garantizar la transición democrática hasta las elecciones de 2021.
Durante su corta gestión, se decidió relevar a altos oficiales de la PNP, incluidos los generales Orlando Velasco y Jorge Lam, en un intento por reformar la institución, devolverle legitimidad y responder a las denuncias de excesos en la represión de protestas. Estas decisiones, tomadas junto a sus ministros del Interior Rubén Vargas y posteriormente José Elice, hoy son cuestionadas como ilegales e inconstitucionales por sectores del Congreso que señalan una “interferencia indebida” en la carrera policial.
El delito imputado: abuso de autoridad (art. 376 del Código Penal)
El levantamiento del fuero no equivale a una acusación formal, pero sí abre el camino para que la Fiscalía evalúe si existen méritos para iniciar una investigación penal. El abuso de autoridad, según el artículo 376, castiga a los funcionarios que, excediendo sus funciones, dictan resoluciones o disposiciones que causen perjuicio a otra persona o institución.
El principal debate jurídico será si el presidente —en el marco de su competencia constitucional— tenía o no facultad para reorganizar el alto mando de la PNP ante una crisis nacional, y si lo hizo dentro de los límites legales.
Exministros también investigados: Elice y Vargas, sin fuero
La misma resolución incluye el levantamiento del fuero para los exministros Rubén Vargas y José Elice, ambos titulares del Interior durante el gobierno de Sagasti. Según el Congreso, ambos habrían sido coautores o cómplices de la reestructuración del alto mando sin cumplir con el procedimiento legal y sin respetar la jerarquía institucional.
Adicionalmente, se oficializó una resolución separada contra Walter Ayala, exministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Castillo, por presunta coacción y patrocinio ilegal, en una muestra del uso extendido del levantamiento de fueros como herramienta de fiscalización política.
Implicancias legales y políticas: ¿precedente o vendetta?
Este caso genera un debate que va más allá del hecho puntual. Por un lado, juristas constitucionalistas advierten que permitir la judicialización de decisiones políticas de un presidente transitorio podría sentar un precedente peligroso, donde cualquier actuación durante un periodo de crisis puede terminar en tribunales.
Por otro lado, sectores del Congreso —especialmente de la derecha conservadora— han promovido desde hace meses múltiples inhabilitaciones y levantamientos de fuero contra expresidentes, exministros, miembros de la Junta Nacional de Justicia e incluso magistrados. En este contexto, el caso Sagasti aparece como parte de una estrategia de revancha política contra el último gobierno que sucedió a la vacancia de Martín Vizcarra.
Desde el Partido Morado, al que pertenece Sagasti, se ha denunciado la “persecución” y la “distorsión de los hechos” con fines de “cobro de cuentas políticas” por parte de quienes impulsaron el gobierno de Merino.
¿Qué sigue en el proceso?
Con el levantamiento del fuero, el Ministerio Público podrá:
- Abrir una carpeta fiscal preliminar
- Recabar testimonios y documentos oficiales
- Eventualmente, formular una acusación constitucional ante el Congreso, en caso se configure delito cometido durante el ejercicio del cargo.
El proceso podría tomar meses o años, y se enmarca en una coyuntura donde el uso del fuero y la inhabilitación política están cada vez más presentes como mecanismos de poder.
¿Quién fue Francisco Sagasti?
Académico, ingeniero y exlegislador, Sagasti asumió la presidencia en noviembre de 2020 en medio de una grave crisis institucional. Su mandato duró ocho meses, y su prioridad fue garantizar elecciones libres, ordenar la respuesta a la pandemia y devolver estabilidad al país. No tuvo bancada propia ni mayorías parlamentarias, y gobernó bajo una tensión constante con un Congreso fragmentado.
Línea de Tiempo Política del Perú: De noviembre de 2020 a mayo de 2025
📍 Noviembre de 2020
- 9 de nov: El Congreso vaca al presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente”.
- 10 de nov: Asume Manuel Merino como presidente. Se desatan protestas masivas en todo el país.
- 14 de nov: Mueren los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las marchas en Lima.
- 15 de nov: Merino renuncia. Se produce un vacío de poder.
- 16 de nov: Francisco Sagasti (Partido Morado) es elegido presidente del Congreso y, por sucesión constitucional, asume como presidente de transición.
📍 Diciembre de 2020
- El gobierno de Sagasti remueve a altos mandos de la PNP, incluyendo al general Orlando Velasco. Esta decisión, tomada en medio de una crisis institucional, será usada más adelante como base para una denuncia por abuso de autoridad.
📍 Enero – Julio de 2021
- Se inicia la vacunación contra la COVID-19 bajo la gestión de Sagasti.
- El gobierno mantiene neutralidad durante las elecciones generales de 2021.
- No confronta al Congreso, pese a la presión de sectores que buscan limitar sus atribuciones.
📍 Julio de 2021
- 28 de jul: Sagasti entrega el poder a Pedro Castillo, ganador de la segunda vuelta electoral.
- Regresa a la vida académica y se mantiene al margen de la política partidaria.
📍 2022
- El Congreso intensifica su papel fiscalizador, con propuestas para inhabilitar a Vizcarra, Del Solar, Sagasti y miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
- La polarización política se agudiza.
📍 Diciembre de 2022
- El presidente Pedro Castillo intenta un autogolpe y disuelve el Congreso. Es detenido.
- Dina Boluarte asume la presidencia. Se producen nuevas protestas con decenas de muertos.
📍 2023
- El Congreso se convierte en el principal actor político, impulsando acusaciones constitucionales contra exautoridades.
- Se reabre el caso Sagasti por el retiro de altos mandos policiales en 2020.
📍 Marzo de 2024
- La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprueba un informe recomendando inhabilitar a Sagasti por 10 años.
- El informe sostiene que su decisión de reorganizar la PNP fue inconstitucional.
- Desde el Partido Morado se denuncia una persecución política.
📍 30 de abril de 2025
- El Pleno del Congreso vota por inhabilitar a Sagasti, pero solo obtiene 61 de los 66 votos requeridos, por lo que la inhabilitación no prospera.
- Se genera polémica por la ausencia de varios congresistas. Uno de ellos, Juan Burgos, fue captado en una pollería durante la votación.
📍 15 de mayo de 2025
- El Congreso publica la Resolución Legislativa 010-2024-2025-CR, que levanta el fuero constitucional de Francisco Sagasti.
- Con esta medida, la Fiscalía de la Nación podrá investigarlo por el presunto delito de abuso de autoridad (artículo 376 del Código Penal).
- También se levanta el fuero a sus exministros del Interior: José Elice y Rubén Vargas.
- En paralelo, se autoriza procesar a Walter Ayala (exministro de Defensa) por coacción y patrocinio ilegal.
Temas clave e implicancias
| Tema | Detalles |
|---|---|
| Presidencia de transición | Sagasti asumió para devolver estabilidad institucional tras la crisis de noviembre de 2020. |
| Reestructuración de la PNP | Su decisión de renovar la cúpula policial es ahora usada como base para una investigación penal. |
| Expansión del poder congresal | Desde 2022, el Congreso ha promovido múltiples inhabilitaciones y levantamientos de fuero. |
| Judicialización de decisiones políticas | El caso Sagasti podría sentar un precedente en la criminalización de decisiones ejecutivas en contextos de crisis. |
| Partidización de la justicia | Desde sectores moderados y progresistas se denuncia una estrategia de “venganza política” desde el Legislativo. |
