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Hace ya un año que la acusación constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, por presunto abandono del cargo tras sus intervenciones quirúrgicas, se encuentra detenida en el Congreso.
La denuncia presentada en mayo de 2024 por la congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, reclama que la mandataria habría faltado a sus funciones durante 12 días en 2023, cuando se sometió a varias cirugías –entre ellas, cuatro de carácter estético y una funcional– sin encargar formalmente el despacho presidencial, vulnerando lo establecido en los artículos 39 y 115 de la Constitución.
Una denuncia en suspenso
El caso se originó el 28 de mayo de 2024, cuando Ruth Luque interpuso una denuncia constitucional alegando que, al ausentarse del Palacio durante el periodo en que se realizaban las intervenciones quirúrgicas, Boluarte habría incumplido su deber de servicio y, en consecuencia, debería ser inhabilitada del ejercicio de la función pública por un período de 10 años. Sin embargo, la denuncia ha quedado estancada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, cuya gestión –para mayor complicidad política– se encuentra liderada actualmente por María Acuña, integrante de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), cercano aliado del Ejecutivo.
Luque ha intentado en reiteradas ocasiones, mediante oficios enviados el 28 de agosto del año pasado, el 24 de marzo y nuevamente el 5 de mayo del presente año, lograr que la subcomisión dé inicio al trámite del expediente. No obstante, ante la saturación de denuncias constitucionales y el supuesto mecanismo de “orden de llegada” invocado por Acuña, la acusación sigue “durmiendo el sueño de los justos” en las gavetas del Congreso.
El trasfondo político y el bloqueo en la SAC
La paradoja del caso radica en que la denuncia –que debería cuestionar la ausencia presidencial en un contexto crítico para la administración– se ve opacada por la misma dinámica de bloqueo que ha permitido paralizar otras investigaciones. Recordemos que casos previos, como las investigaciones sobre las muertes en las protestas o el polémico “Rolexgate”, terminaron siendo archivados sin consecuencias formales tras evaluaciones en la misma subcomisión.
La renuncia de Lady Camones, quien presidía la SAC durante el periodo 2023-2024, dio paso a María Acuña, hermana del líder de APP, lo cual ha incrementado la percepción de que los intereses políticos y la afinidad con el gobierno están impidiendo avanzar en la discusión de la denuncia. Fuentes internas señalan que, a pesar de que recientemente también se presentó una nueva denuncia constitucional –por parte del legislador Carlos Zeballos– por presunta omisión de funciones (al no informar al Congreso sobre las cirugías de Boluarte), aun no se ha señalado fecha para que el conjunto de expedientes se debata.
Testimonios y revelaciones contradictorias
El caso ganó notoriedad tras la aparición de declaraciones del cirujano plástico Mario Cabani, quien en una entrevista para Cuarto Poder afirmó que la presidenta se sometió a al menos cuatro intervenciones estéticas, desmintiendo la versión oficial. Dichas declaraciones han proporcionado un nuevo combustible a los denunciantes y alimentado el reclamo para que se esclarezcan los hechos y se determine si efectivamente existió una omisión informativa que afectó la operatividad del Poder Ejecutivo en un periodo vital.
La acusación sostiene que la falta de transparencia y la ausencia de comunicación de la situación de salud de Boluarte, obligada a abandonar temporalmente el cargo sin designar un sucesor inmediato en virtud del artículo 115 de la Constitución, generan un precedente peligroso para el equilibrio de poderes en el país.
Un escenario de inacción y presunto blindaje político
El estancamiento del expediente ha generado críticas en diversos sectores de la sociedad, que acusan al Congreso de permitir el blindaje a altos funcionarios aliados. La saturación de denuncias en la SAC, sumado a maniobras de partidos como APP y Fuerza Popular, que han logrado archivar otros casos polémicos, plantea la pregunta de si este proceso se convertirá en otro ejemplo de inacción institucional. Mientras tanto, la transparencia y la independencia del poder legislativo quedan bajo la lupa de los ciudadanos, quienes exigen mayor fiscalización sobre el Ejecutivo.
La reticencia para avanzar en el caso ha sido catalogada por analistas y parlamentarios opositores como un síntoma de la crisis de credibilidad del órgano legislativo, que parece preferir no abordar situaciones que puedan desacreditar la figura presidencial y favorecer el statu quo político.
¿Qué depara el futuro al caso?
Con presiones tanto desde el ámbito mediático como social, se espera que la situación pueda reactivarse en un futuro próximo. La posibilidad de que se revoque la actual dirección de la SAC o la inminente presión de otros actores políticos podría reabrir el debate y permitir que la denuncia avance a la siguiente etapa: la elaboración de un informe de calificación que determine la procedencia de un juicio político.
Por ahora, el caso de las intervenciones quirúrgicas y el supuesto abandono de funciones de Dina Boluarte se mantiene en la penumbra del procedimiento legislativo, a la espera de un movimiento que rompa la inercia y permita la discusión del expediente en el pleno del Congreso.
En resumen, la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por su ausencia tras múltiples cirugías sigue siendo un asunto pendiente en el Congreso, reflejando las tensiones y complejidades del escenario político actual. Mientras tanto, el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el poder ejecutivo continúa abriendo interrogantes sobre el equilibrio institucional en el Perú.
