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Durante una mesa de trabajo en el Parlamento, ambas instituciones reiteraron su rechazo a la iniciativa por considerarla inconstitucional e ineficaz frente al crimen organizado.
¿Quiénes? Poder Judicial y Ministerio Público. ¿Qué? Rechazaron la propuesta de **El Congreso propone restablecer los *“jueces sin rostro”*. ¿Cuándo y dónde? En una *mesa de trabajo*, en el marco del debate sobre seguridad ciudadana. ¿Por qué? Por *antecedentes negativos* y compromisos del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo? Mediante exposiciones técnicas de Braulio Andrade (PJ) y Jorge Chávez Cotrina (MP).
Antecedentes y contexto
La figura de los “jueces sin rostro” se implementó en el país en los años noventa para procesos de crimen organizado y terrorismo. Con el tiempo, diversos órganos internacionales y sentencias internas cuestionaron ese esquema por afectar garantías del debido proceso, lo que derivó en anulaciones de fallos y en compromisos del Estado peruano ante el sistema interamericano. El reciente repunte del debate sobre seguridad —con denuncias de amenazas a operadores de justicia— motivó que el Congreso convoque a una mesa de trabajo donde se planteó el retorno de esa modalidad.
Declaraciones y posturas de actores relevantes
- Poder Judicial. El jefe del Gabinete de Asesores, Braulio Andrade, señaló que la propuesta “no corresponde” por los precedentes de la Corte IDH y del Tribunal Constitucional, pues “se afecta el derecho de defensa”. Propuso alternativas como centralizar procesos en sedes específicas para optimizar la protección de magistrados sin vulnerar garantías.
- Ministerio Público. El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, recordó que en el pasado “todas las sentencias se cayeron” bajo ese esquema y enfatizó que no es la salida al incremento de la delincuencia. Advirtió que centralizar casos sin reforzar capacidades no resolverá el problema de fondo.
- Proponente. El Congreso defendió su iniciativa alegando el incremento de amenazas contra fiscales y jueces por parte de organizaciones criminales, y sostuvo que el país requiere herramientas excepcionales para resguardar la vida de los operadores de justicia.
Cifras, documentos y datos oficiales
- Compromisos internacionales: Las autoridades recordaron que el Perú mantiene obligaciones ante la Corte IDH que desaconsejan reinstaurar esquemas que anonimizan a jueces y limitan la defensa.
- Efectos previos: Se mencionó que los fallos emitidos con “jueces sin rostro” fueron anulados por instancias internacionales, generando revisiones y nuevos juzgamientos.
- Medidas alternativas: El PJ sugirió centralización de procesos, protocolos de seguridad reforzada y gestión de riesgo para magistrados; el MP insistió en fortalecimiento institucional (inteligencia, persecución patrimonial, testigos protegidos, coordinación con Policía).
Implicancias políticas, sociales y económicas
- Derechos fundamentales y debido proceso. Restablecer “jueces sin rostro” podría contravenir obligaciones internacionales y reabrir controversias sobre legalidad y legitimidad de sentencias, con costos judiciales y reputacionales.
- Seguridad y confianza institucional. La discusión evidencia la tensión entre proteger a magistrados y resguardar garantías. Un retorno del modelo impactaría la confianza en el sistema de justicia y podría multiplicar litigios.
- Relación con el sistema interamericano. Un eventual cambio que contradiga la Corte IDH expondría al Estado a nuevas reclamaciones y sanciones.
Próximas acciones, escenarios o consecuencias posibles
- Debate parlamentario en comisiones para evaluar viabilidad constitucional y compatibilidad con la Corte IDH.
- Rutas alternativas: proyectos para centralizar procesos, fortalecer protección a jueces/fiscales y mejorar estándares probatorios en crimen organizado.
- Opiniones técnicas adicionales de TC, Defensoría del Pueblo y colegios profesionales sobre proporcionalidad y convencionalidad.
- Agenda de seguridad ciudadana: medidas integrales (prevención, inteligencia, persecución patrimonial, gestión de cárceles) para reducir riesgos sin afectar garantías.
Panorama
El Poder Judicial y el Ministerio Público fijaron una posición contraria al retorno de los “jueces sin rostro”, aludiendo a antecedentes adversos y compromisos internacionales. La propuesta continuará su trámite parlamentario, mientras se exploran alternativas que refuercen la seguridad de magistrados y la eficacia penal sin comprometer el debido proceso.
