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El mundo se enfrenta a la corrupción, como el enemigo número uno que impide el crecimiento de las naciones. Este es uno de los mayores retos para muchos gobiernos y generaciones, desafíos que amenazan la prosperidad y la estabilidad de los pueblos de todo el planeta. Y por supuesto Latinoamérica y el Perú no están exentos de este mal.
La corrupción tiene repercusiones negativas en todos los aspectos de la sociedad y está profundamente ligada a los conflictos y la inestabilidad, poniendo en peligro el desarrollo social y económico y las instituciones democráticas y el estado de derecho.
La corrupción no solo sigue al conflicto, sino que a menudo es una de sus causas fundamentales. Alimenta los conflictos e inhibe los procesos de paz al socavar el estado de derecho, agravar la pobreza, facilitar el uso ilícito de recursos y proporcionar financiación para los conflictos armados.
La prevención de la corrupción, el fomento de la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones son fundamentales para alcanzar las metas previstas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta a todos los países. Por ejemplo, socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos, cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos. También atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los mal llamados «gastos iniciales» requeridos por la corrupción.
El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005, y pidió al secretario general que designara a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como la secretaría para la Conferencia de los Estados Parte de la Convención. Pese a ello son muy pocas las naciones que han podido controlar esté mal. La mayoría son de países desarrollados y uno de los que hace la excepción a esta lista es El Salvador, consciente de su importancia para su crecimiento decidió enfrentarla con la misma energía, que viene combatiendo la delincuencia urbana.
La Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP), han lanzado un llamado a la acción global para todos los miembros de OGP en 2021 para usar sus planes de acción nuevos y existentes para hacer compromisos ambiciosos que aborden los desafíos centrales. Esto incluye la lucha contra la corrupción, el espacio y la participación cívicos y la gobernanza digital donde pueden compartir sus conocimientos y experiencia. Lea su carta a la comunidad esta página.
Corrupción se define como el abuso del poder encomendado para beneficio privado. Sigue siendo uno de los mayores problemas sistémicos que enfrentan los países de todo el mundo. Transparencia Internacional 2020 Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) reveló una tendencia preocupante de que “la mayoría de los países lograron poco o ningún progreso en la lucha contra la corrupción en casi una década”.
El 2020 trajo desafíos relacionados con la corrupción sin precedentes debido al COVID-19. Poco más de $ 11.7 billones fueron gastados por gobiernos de todo el mundo para abordar una serie de problemas resultantes de la pandemia. Sin embargo, cuestiones como irregularidades contractuales, paquetes de ayuda del gobierno que faltan y suministros médicos, soborno, lavado de dinero, fraude, malversación y conflictos de interés fueron exacerbados durante la pandemia como la corrupción a menudo prospera durante situaciones de emergencia.
La corrupción continua socava las instituciones democráticas. Sin compromisos sólidos centrados en la integridad política, lograr los objetivos de toda la asociación de OGP de la recuperación económica, abordar las desigualdades sistémicas, salvaguardar las amenazas a la democracia y tener una democracia más centrada en los ciudadanos será aún más difícil. Estas prácticas corruptas e interconectadas, experimentadas por países de ingresos altos y bajos por igual, han reducido en última instancia la calidad de los servicios públicos, han desviado la ayuda de los más necesitados, han profundizado la desigualdad y han erosionado la confianza entre los ciudadanos y el estado.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que la corrupción y el fraude pueden representar entre el 10 y el 25 por ciento del valor de un contrato. Esto significa que es posible que los servicios esenciales no se brinden a quienes más los necesitan. Los contratos gubernamentales se pueden utilizar para ocultar flujos de dinero ilícitos y con un promedio global estimado de $ 13 billones al año, tener un registro de beneficiarios reales para los proveedores gubernamentales puede facilitar la detección de la corrupción.
Es por la corrupción que muchos gobiernos son percibidos como ineficientes puesto que su avance o progreso es muy lento lo que resulta imperceptible por la mayoría de los ciudadanos, por lo que urge en nuestro país elaborar un plan general anticorrupción como política de Estado, que trascienda a los gobiernos, concatenado por ley a que los gobiernos sucesivos lo mantengan, fortalezcan y modernicen hasta que los niveles de corrupción desciendan a su mínima expresión. Es una realidad innegable que con altos niveles de corrupción salir de una crisis de carencia social va a ser muy difícil, sino imposible, por lo que se debe atacar a la cabeza del mal para lograr recién empezar a crecer económicamente de una manera firme y sostenida. Valga este llamado para fortalecer la alerta de hacia dónde se debe enfocar la labor del estado de manera prioritaria. Hasta la próxima semana, amigos de Primera.
