Corte IDH pide al Congreso archivar acusación constitucional que le formularon a cuatro magistrados del TC por el caso El Frontón

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La corte supranacional “requerir al Estado que presente, a más tardar el 15 de abril, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de su fallo

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió que el Congreso de la República del Perú archive el procedimiento de acusación constitucional interpuesto contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) a causa del Caso El Frontón.

En su fallo, la Corte IDH dispuso ratificar la resolución que el presidente de la misma, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, presentó en diciembre del 2017, que requería al Estado Peruano que “archive el procedimiento de acusación constitucional actualmente seguido ante el Parlamento contra los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña”.

Dicha decisión se tomó por cinco votos a favor y dos en contra, siendo estos los de los jueces Eduardo Vio Grossi y Humberto Antonio Sierra Porto.

La misma votación se repitió en el segundo punto del fallo, que ordena “requerir al Estado que presente, a más tardar el 15 de abril de 2018, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el punto resolutivo 1”.

Once altos oficiales marinos en situación de retiro presentaron la acusación constitucional contra los magistrados del TC ante el Congreso. Este inició el proceso en noviembre de año pasado.

Los denunciantes consideran que los magistrados Manuel Miranda, Carlos Ramos, Eloy Espinoza y Marianella Ledesma habrían violado el precepto constitucional de la “inmutabilidad de la cosa juzgada” al haber emitido una resolución en la que dejaron sin efecto el enunciado de una sentencia del 2013, en la que se decía que los hechos ocurridos durante el develamiento de un motín en el penal de El Frontón, en 1986, no constituyen delitos de lesa humanidad.

Los miembros del TC que están próximos a ser sometidos a lo que determine la subcomisión del Congreso acudieron a la CIDH en octubre pasado para denunciar que existe una amenaza a la independencia de sus funciones por parte del Parlamento.

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