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El reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que facilita la excarcelación de Vladimiro Montesinos ha generado un intenso debate en el ámbito político y judicial del Perú.
Este fallo se basa en el precedente establecido en el caso de Juan Rivero Lazo, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), quien logró que sus condenas fueran unificadas bajo la pena mayor de 25 años de prisión. Este precedente ha abierto la puerta para que Montesinos, ex asesor presidencial y figura clave durante el régimen de Alberto Fujimori, sea liberado el 24 de junio de 2026, tras cumplir la pena máxima impuesta.
El Contexto Jurídico
El TC argumentó que la refundición de penas es un mecanismo jurídico que permite unificar sentencias relacionadas con hechos vinculados por un factor de conexión, siempre que estas debieron ser juzgadas en un solo proceso. En el caso de Montesinos, las condenas por delitos como homicidio calificado, desaparición forzada y corrupción de funcionarios fueron acumuladas, pero ahora se subsumen en la pena mayor de 25 años, conforme al Código Penal vigente en el momento de los crímenes, entre 1991 y 1992.
Sin embargo, este fallo contradice decisiones previas del Poder Judicial, que había rechazado la refundición de penas en casos de desaparición forzada, argumentando que este delito es de carácter permanente y su prescripción no concluye hasta que se encuentran los restos de las víctimas. El TC, por su parte, señaló que este criterio fue introducido en la legislación peruana mediante un tratado internacional ratificado en 2002, por lo que no puede aplicarse retroactivamente a los hechos ocurridos en los años 90.
Implicancias Políticas y Sociales
La liberación de Montesinos, prevista para junio de 2026, coincide con un periodo electoral en el país, lo que ha generado preocupación por las posibles repercusiones políticas de su excarcelación. Montesinos, quien cumplirá 80 años en mayo de 2025, también podría acogerse a la Ley 31181, que permite a personas mayores de 80 años cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario. Esta posibilidad ha intensificado el debate sobre la justicia y la memoria histórica en el Perú.
Además, el fallo del TC ha sido interpretado por algunos sectores como un retroceso en la lucha contra la impunidad, especialmente en casos de violaciones a los derechos humanos y corrupción. Organismos de derechos humanos y sectores de la sociedad civil han expresado su preocupación por el impacto que esta decisión podría tener en la percepción de justicia y en la confianza en las instituciones judiciales del país.
El Debate Jurídico
El fallo también ha puesto en evidencia las discrepancias entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en la interpretación de la ley. Mientras que el Poder Judicial había establecido que las penas por delitos graves como desaparición forzada deben cumplirse de manera independiente, el TC ha optado por una interpretación más flexible, basada en el principio de legalidad y en las normas vigentes al momento de los hechos.
Esta divergencia ha generado un intenso debate sobre la coherencia del sistema judicial peruano y la necesidad de reformas que garanticen una aplicación uniforme de la justicia. Asimismo, ha reavivado las discusiones sobre el papel del TC en casos de alto perfil y su impacto en la política y la sociedad.
Reflexión Final
La excarcelación de Vladimiro Montesinos representa un momento crítico para el Perú, no solo por las implicancias legales y políticas, sino también por lo que simboliza en términos de memoria histórica y justicia. Este caso plantea preguntas fundamentales sobre cómo el país enfrenta su pasado y cómo construye un futuro basado en el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. La sociedad peruana, junto con sus instituciones, deberá reflexionar profundamente sobre las lecciones de este episodio y las acciones necesarias para fortalecer la justicia y la democracia.
