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La fiscal de la Nación acusa a la exfiscal y a sus acompañantes por usurpación de funciones y alteración del orden público. La denuncia tensiona aún más el escenario institucional.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó este miércoles una denuncia penal contra Patricia Benavides, luego de que esta ingresara de forma irregular a la sede principal del Ministerio Público el lunes 16 de junio. Según el documento, Benavides habría incurrido en los delitos de usurpación de funciones y perturbación a la tranquilidad pública al intentar reasumir el cargo de fiscal de la Nación sin contar con un acto formal de designación. La denuncia también incluye a su abogado Juan Peña, a Dulce Chávez y a otros civiles y efectivos policiales que la acompañaron.
ANTECEDENTES: UNA REPOSICIÓN EN DISPUTA
El origen del conflicto radica en la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que, el 13 de junio, anuló la destitución de Benavides como fiscal suprema. No obstante, la resolución no le restituía automáticamente en el cargo de fiscal de la Nación, una función que —según la Ley Orgánica del Ministerio Público— solo puede ser designada por la Junta de Fiscales Supremos a través de votación interna.
Pese a ello, el lunes 16, Benavides acudió a la sede institucional con un grupo de civiles y personal de seguridad, intentó ingresar a su antiguo despacho e incluso se quitó la medalla de fiscal de la Nación tras ser increpada por otros fiscales. Posteriormente, se retiró del lugar tras la intervención de fiscales de prevención del delito.
EL CONTENIDO DE LA DENUNCIA: FUNDAMENTOS Y ACUSADOS
La denuncia formal sostiene que Benavides no tenía respaldo legal vigente para ocupar el cargo de titular del Ministerio Público, por lo que su actuación se considera una “afrenta a la institucionalidad”.
“La reposición como fiscal suprema no implica ni habilita automáticamente la reasunción del cargo de fiscal de la Nación, cuya designación requiere un acto colegiado formal y expreso”, señala Espinoza.
Entre los denunciados figuran:
- Patricia Benavides Vargas, exfiscal de la Nación
- Juan Peña, abogado de Benavides
- Dulce Chávez Fernández, asistente
- Roger Armas Sánchez
- Huber Altamirano Tejada
- Raúl Vila Paz
- Nicolle Solimano Pinedo
- Renato Marquina Díaz
Todos ellos habrían ingresado afirmando pertenecer al equipo de la “fiscal de la Nación”, pese a que no existía ningún acto formal que los reconociera como tal, según Espinoza. El documento añade que el acceso fue facilitado por el personal de seguridad del primer piso, pero que se vulneraron las normas internas del Ministerio Público.
DECLARACIONES Y POSICIONES CONTRAPUESTAS
Mientras la Junta de Fiscales Supremos rechazó unánimemente el intento de Patricia Benavides de retomar el cargo y ratificó la legitimidad de Delia Espinoza, sectores políticos como Renovación Popular emitieron comunicados en defensa de Benavides, criticando el accionar de la Fiscalía y solicitando incluso la remoción de los fiscales supremos por parte de la JNJ.
En paralelo, el abogado Jorge del Castillo, defensa legal de Benavides, denunció una presunta “persecución” contra su patrocinada y calificó la denuncia como “infundada y arbitraria”. También defendió a los asistentes incluidos en la acusación, alegando que el ingreso al edificio fue legítimo por tratarse de una fiscal suprema habilitada.
IMPLICANCIAS POLÍTICAS Y JURÍDICAS DEL CASO
Este episodio tensiona aún más el ya frágil equilibrio de poderes entre el Ministerio Público, la JNJ y sectores del Congreso. El hecho de que una fiscal de la Nación denuncie penalmente a una exfiscal de la Nación por intentar ocupar su cargo es inédito en el país y expone un vacío legal respecto a los procedimientos de reposición en órganos autónomos.
Además, el intento de Benavides de retomar funciones sin la validación de la Junta de Fiscales Supremos pone en entredicho el alcance real de las resoluciones de la JNJ. Mientras esta se limita a reponer en la carrera fiscal, el cargo de fiscal de la Nación exige un consenso interno que Benavides no ha obtenido.
PRÓXIMOS PASOS: INVESTIGACIÓN FISCAL Y EVENTUAL PRONUNCIAMIENTO DEL TC
La denuncia será evaluada por el sistema penal, probablemente por una fiscalía especializada en delitos contra la administración pública. De hallarse indicios razonables, se abriría una investigación formal que podría derivar en medidas restrictivas.
Paralelamente, se espera que el Tribunal Constitucional (TC) intervenga en las próximas semanas, ya que este podría definir los límites de las competencias de la JNJ frente al Ministerio Público y la legalidad del proceso de restitución de Benavides.
REFLEXIÓN FINAL: UNA CRISIS QUE DESBORDA LO LEGAL
Lo ocurrido entre Patricia Benavides y Delia Espinoza representa mucho más que un conflicto personal: es la manifestación de una crisis institucional sin resolver, donde los límites entre legalidad, poder y autonomía se desdibujan.
La denuncia penal abre un nuevo capítulo en esta pugna, que afecta no solo al Ministerio Público, sino también a la confianza ciudadana en sus órganos de justicia. Mientras no se establezcan reglas claras para la transición y restitución de altos cargos, episodios como este seguirán afectando la estabilidad institucional del país.
