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La magistrada acudió al Poder Judicial luego de que venciera el plazo de 48 horas para su reposición y evalúa solicitar apoyo de la PNP.
La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, acudió la mañana del martes 25 de noviembre a la sede Alzamora Valdez del Poder Judicial, en Lima, con el objetivo de solicitar la ejecución de la medida cautelar que ordena su reposición inmediata al frente del Ministerio Público, luego de que venciera el plazo de dos días otorgado a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para cumplir la resolución judicial.
Antecedentes y contexto
El 10 de noviembre, el juez constitucional Juan Torres Tasso concedió una medida cautelar a favor de Espinoza que ordenaba a la JNJ reinstalarla como fiscal de la Nación en un plazo máximo de 48 horas desde su notificación. El mandato judicial tenía como finalidad garantizar su retorno al cargo mientras se resolvía el fondo del proceso iniciado por la magistrada, suspendida previamente por decisión del órgano constitucional autónomo.
El plazo venció a la medianoche del lunes 24 de noviembre sin que la JNJ ejecutara la restitución. Ante ello, Espinoza reiteró lo señalado un día antes durante una entrevista con la periodista Rosa María Palacios, en la que anunció que acudiría ante el juez en caso de incumplimiento. “El juez lo único que tiene que hacer es, con un acta, ir a la sede del Ministerio Público y comunicar la ejecución no judicial de la medida cautelar. Nada más”, declaró.
Acciones en el Poder Judicial
Espinoza llegó a la sede judicial acompañada de agentes de seguridad. En el exterior del edificio se congregó un grupo de manifestantes que expresó su respaldo a la magistrada y exigió su retorno a la Fiscalía.
En el documento judicial que autorizó la medida cautelar se establece que, de ser necesario, la ejecutante puede solicitar la intervención de la fuerza pública. “En cuanto a su pedido de ejecución forzada, formule su pedido en su oportunidad vencido que sea el plazo concedido en el presente incidente para tal fin”, señala la resolución.
Fuentes próximas al proceso indican que Espinoza evalúa solicitar la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) para hacer efectiva la orden, en caso de persistir el incumplimiento.
Debate paralelo en el Congreso
Mientras Espinoza realizaba gestiones ante el Poder Judicial, la Comisión Permanente del Congreso debatía un informe que recomienda su inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años. El documento fue aprobado con 16 votos a favor, provenientes de las bancadas Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular y Avanza País.
El informe también incluye recomendaciones de inhabilitación contra otros funcionarios, entre ellos el expresidente Pedro Castillo y fiscales supremos, cuyo análisis se desarrolla en sesiones posteriores.
Implicancias y próximos escenarios
El eventual uso de la fuerza pública para ejecutar la medida cautelar abriría un escenario institucional complejo, al involucrar directamente a la PNP en un conflicto entre órganos constitucionales autónomos. Asimismo, el avance del proceso de inhabilitación en el Congreso podría modificar la situación jurídica y funcional de Espinoza en las próximas semanas.
El Poder Judicial tiene previsto emitir sentencia este jueves 27 de noviembre en un proceso distinto que involucra al expresidente Pedro Castillo, lo que mantiene alta la atención política y judicial en el país.
Panorama
Al cierre de esta edición, el Poder Judicial no había ejecutado la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, y la JNJ no había emitido una respuesta oficial respecto al mandato judicial pendiente de cumplimiento. El proceso continúa en evaluación judicial y parlamentaria.
